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Audiencia de apelación contra empresas de armas de EE.UU. será el 24 de julio: Ebrard
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE). detalló que la audiencia de apelación en el proceso legal que mantiene el Gobierno de México contra la industria de armas en los Estados Unidos se realizará el próximo lunes 24 de julio.
“Audiencia de apelación en el proceso contra la industria de armamento de los EU tendrá verificativo el 24 de julio”, indicó el canciller mexicano en redes sociales.
“Menos Armas de allá para tener Menos muertes y violencia acá es el objetivo. México prevalecerá porque tiene razón”, puntualizó Ebrard Casaubón en su mensaje.
La audiencia de apelación se realizará en punto de las 09:30 h local de la citada fecha en una corte de Boston, Massachusetts.
En agosto de 2021, el Gobierno de México demandó a armeros estadounidenses de negligencia y los corresponsabiliza del asesinato de miles de mexicanos con armas estadounidenses, además de empoderar sus productos al crimen organizado.
Las empresas de armas demandadas por el Gobierno mexicano son Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.SA., Beretta Holding S.P.A., Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Ruger & Co., Strum, Smith & Wesson y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
El Gobierno mexicano pidió a las empresas una compensación y que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas.
Según datos presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios anuales y de daños equivalentes a 1.5 por ciento del PIB.
La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.
Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.
Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.
El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.
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