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Ataques de AMLO a la Corte afectan la independencia judicial: International Bar Association

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Foto: Internet

LaInternational Bar Association(IBA) señaló que la repetición de comentarios negativos contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afecta la independencia judicial.

Mediante un comunicado la IBA mencionó que “el 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la reforma promovida por el presidente López Obrador de transferir el control de la Guardia Nacional dirigida por civiles a la Defensa Nacional era inconstitucional. En un comentario sobre la decisión judicial pronunciado al día siguiente, el presidente López Obrador atacó a la Suprema Corte del país y afirmó que los ocho (de los 11) jueces que habían derogado la legislación actuaron «de forma facciosa, siguiendo criterios no legales sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto”.

Abundó que estas acusaciones se encuadran en un contexto más amplio de críticas del presidente López Obrador sobre la integridad del poder judicial, apuntando especialmente a la Suprema Corte del país.

Asimismo, las reformas propuestas detenidas por la Suprema Corte también son causa de inquietud para la IBA.

“Parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales. La reforma que se intentó promulgar sobre el INE, una de las instituciones más respetadas del país, reduciría su presupuesto de tal forma que debilitaría significativamente su capacidad de organizar y supervisar las elecciones. De esta forma, se limitaría la autoridad de supervisión del Instituto”.

Señala que la mayor autoridad que el presidente López Obrador pretende otorgar al Ejército es igualmente una problemática.

“Presenta el riesgo de crear distorsiones en los límites entre la esfera civil y militar al evitar los controles estándar sobre las nuevas actividades a desarrollar por el ejército. Estas reformas, de ser aprobadas, sumadas a otras maniobras para centralizar el poder y militarizar el país, determinarían una caída de la democracia en México”.

Se menciona que estas declaraciones ofensivas del presidente López Obrador contra la Suprema Corte adquieren una mayor importancia, ya que debilitan la confianza pública en el poder judicial constituyendo un agravio al estado de derecho, y afectanso la democracia de México.

“Constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional. El Principio 1 de los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establece claramente que «es el deber de todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetar y observar la independencia de la judicatura» a fin de «decidir los casos que se les presenten […] de acuerdo con los hechos y conforme a la ley, sin ninguna restricción, influencia inapropiada, incentivos, presiones, amenazas ni interferencias, directas o indirectas, de ningún sector ni por ningún motivo».

El Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece que los «[e]lementos esenciales de la democracia representativa incluyen, entre otros, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, […] y la separación de poderes y la independencia de las ramas del gobierno». Sobre el mismo concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado en varios casos que «uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos es garantizar la independencia de los jueces»”.

Se señala que la fortaleza de las instituciones públicas fuertes es uno de los pilares sobre los que se construye una democracia madura.

Se menciona que contar con un poder judicial sólido, independiente y respetado conviene a los intereses del presidente López Obrador, “ya que legitima su acción política”.

“El poder judicial, al ser un protector del orden constitucional, ciertamente puede bloquear las reformas contrarias al ordenamiento jurídico, como las relacionadas con el INE y la Guardia Nacional. De otro lado, cuando los tribunales apoyan las políticas del gobierno, les otorgan una autoridad aún mayor. Continuar por la ruta de la debilitación institucional conducirá a una crisis constitucional que pondrá en peligro el estado de derecho en el país y amenazará los derechos por los que la ciudadanía mexicana ha luchado tanto”.

Señala que un poder judicial independiente es la base de cualquier democracia moderna y de un sistema saludable de estado de derecho.

“Preservar la confianza pública en las instituciones judiciales es esencial para que puedan cumplir su deber de respetar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos. Las acusaciones del presidente de México no solo afectan directamente el respeto por el poder judicial, sino que también intimidan a los jueces y les impiden que desempeñen sus funciones de forma independiente. Crean un clima de miedo que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces de limitar los abusos de poder del ejecutivo. Si existieran acusaciones fundadas de conducta inapropiada y corrupción, deben seguirse las rutas legales institucionales de responsabilidad, en lugar de formular acusaciones directas no fundamentadas en la esfera pública”.

Finalmente, la IBA reclama al presidente López Obrador que respete la independencia y la integridad del poder judicial conforme al estado de derecho y las obligaciones internacionales de México; además, solicita que trabaje con el poder judicial y la profesión legal para abordar cualesquiera las inquietudes  sobre su funcionamiento con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho en el país.

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Dejan en libertad a 15 detenidos durante operativo contra “R2” en Jalisco; cinco siguen bajo custodia

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Entre las personas que podrán continuar su proceso sin prisión preventiva se encuentran integrantes del grupo musical Los Arras, empleados y clientes del restaurante Sabea. La situación jurídica de otros cinco detenidos continúa pendiente de resolución.

Un juez de Control determinó que 15 de las 20 personas detenidas durante el operativo para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, en Jalisco, puedan continuar su proceso judicial en libertad, mientras que otros cinco hombres permanecerán bajo custodia en el complejo penitenciario de Puente Grande.

La resolución se produjo después de una extensa audiencia relacionada con el despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, donde fueron aseguradas varias personas que se encontraban en el establecimiento al momento de la intervención de las autoridades.

Entre quienes obtuvieron el beneficio de enfrentar el procedimiento fuera de prisión se encuentran músicos de la agrupación Los Arras, así como trabajadores y comensales del negocio.

Sin embargo, la determinación judicial no representa una absolución, ya que los involucrados deberán cumplir con las medidas cautelares establecidas y mantenerse disponibles para las siguientes etapas del proceso.

Cinco detenidos permanecerán en Puente Grande

De acuerdo con información difundida por N+, los cinco hombres que continuarán bajo custodia fueron identificados como Fernando Omar “N”, Luis Felipe “N”, Uriel Rodrigo “N”, Óscar “N” y Rogelio “N”.

Los señalados enfrentan imputaciones relacionadas con presuntos delitos de portación de armas de fuego, narcomenudeo y pandillerismo.

Su situación jurídica todavía deberá ser definida por la autoridad judicial, conforme a los plazos establecidos y los elementos que presenten tanto el Ministerio Público como sus respectivas defensas.

Audiencia continuará el domingo 15 de noviembre

El abogado Gilberto Pedraza, quien representa legalmente a cuatro de los investigados, explicó que las 20 personas detenidas solicitaron ampliar el plazo constitucional a 144 horas.

Esta medida permite disponer de más tiempo para preparar su defensa y reunir información que pueda ser presentada ante el juez.

Por ello, la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo domingo 15 de noviembre, fecha en la que se espera una determinación sobre la situación jurídica de los cinco hombres que permanecen detenidos.

La audiencia inicial comenzó durante la tarde del miércoles 11 de noviembre y se extendió hasta la mañana del jueves 12, debido al número de personas involucradas y las actuaciones procesales realizadas.

“R2” permanece hospitalizado; suspenden audiencia por su estado de salud

Por separado, Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”, continúa recibiendo atención médica en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, después de resultar lesionado durante el operativo en el que fue capturado.

Su audiencia inicial, prevista para el miércoles 11 de noviembre mediante videoconferencia, tuvo que suspenderse debido a que los medicamentos administrados durante su recuperación le provocaban somnolencia, impidiéndole participar adecuadamente en la diligencia.

El procedimiento judicial deberá reanudarse cuando las condiciones médicas del detenido permitan garantizar su participación y el ejercicio de su derecho a la defensa.

Continúan investigaciones por operativo en restaurante Sabea

El despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, en Guadalajara, derivó en la detención de 21 personas en total, incluyendo a Rafael Álvarez Ayala, quien permanece hospitalizado.

Las autoridades federales investigan los hechos relacionados con el operativo y las posibles responsabilidades de los involucrados, mientras los procedimientos judiciales continúan por separado.

La liberación de los 15 detenidos fue confirmada este jueves 12 de noviembre, aunque deberán atender las obligaciones procesales establecidas por el juez.

El caso continuará el próximo domingo 15 de noviembre, cuando se prevé que la autoridad judicial retome las actuaciones relacionadas con los cinco hombres que permanecen recluidos en Puente Grande.

Mientras tanto, la audiencia de “R2” sigue pendiente debido a su estado de salud y las autoridades deberán garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de los investigados.

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