La situación de inseguridad en Ecuador se agrava con el asesinato del fiscal César Suárez, encargado de la investigación del asalto terrorista a un canal de televisión la semana pasada. El atentado, ejecutado por un grupo armado, impactó tanto a nivel nacional como internacional, llevando al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a declarar que el país se encuentra en un “conflicto armado interno”.

César Suárez, reconocido por sus investigaciones sobre corrupción en hospitales y casos como Metástasis, donde un capo ecuatoriano infiltró el Estado, fue asesinado a tiros en Guayaquil, la ciudad más peligrosa del país. Su labor lo involucraba en el proceso contra Daniel Salcedo, detenido en Panamá y vinculado a actividades del narcotraficante Leandro Norero.

Este trágico suceso se produce en un contexto de allanamientos y decomisos de armas en Ecuador. Recientemente, la policía incautó un importante arsenal en una residencia en Cumbayá, incluyendo 75 armas largas y 33 cortas, además de municiones. Un adulto mayor de nacionalidad ecuatoriana-estadounidense fue detenido en relación con este hallazgo.

La fiscal general, Diana Salazar, condenó el asesinato de Suárez y afirmó que los “grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas” no detendrán el compromiso de la justicia ecuatoriana. La policía se encuentra desplegada para dar con los responsables, mientras las autoridades insisten en la importancia de garantizar la seguridad de los fiscales.

Estos eventos ocurren en el marco de un estado de emergencia decretado la semana pasada, impulsado por una serie de ataques violentos atribuidos a grupos criminales y del narcotráfico. La desaparición del narcotraficante “Fito2”, líder de Los Choneros, ha exacerbado la violencia, llevando a medidas como el cierre temporal de escuelas y amenazas a estudiantes y docentes durante clases en línea.

Las autoridades ecuatorianas han emprendido operativos intensivos durante el estado de excepción, con más de 20,000 operativos y la detención de 1,945 personas, 158 de ellas enfrentando cargos por “terrorismo”. La situación también ha generado respuestas internacionales, con países como Estados Unidos, Argentina y Brasil expresando su disposición para colaborar en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.