Con un bloque opositor fragmentado y tras casi ocho horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones la reforma constitucional para extender hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en Seguridad Pública.

La mayoría parlamentaria de Morena, PVEM y PT, aliada con el PRI y tres legisladores del PRD, avaló el proyecto con las modificaciones enviadas por el Senado de la República y se turnó a los congresos locales para su ratificación.

Entre los cambios al artículo quinto transitorio del decreto que dio origen a la Guardia Nacional destaca la creación de una comisión bicameral del Congreso con facultades para citar a los secretarios de Gobernación, Seguridad, Defensa y Marina a fin de evaluar el cumplimiento de las condiciones previstas para la actuación militar en materia de seguridad pública.

La minuta devuelta por los senadores a la Cámara de Diputados establece igualmente que, a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo integrará un fondo permanente de apoyo a estados y municipios para fortalecer las instituciones de seguridad pública locales.

Durante el debate en el Palacio de San Lázaro y al fijar la posición de Morena, el diputado Óscar Cantón negó categóricamente la militarización del país y señaló que dejar solos a policías municipales y estatales sería negligencia criminal.

Por el PAN, el legislador Humberto Aguilar sostuvo que el proceso legislativo para prorrogar la permanencia del Ejército en las calles significa de forma irreversible la derrota del poder civil frente al poder militar, mientras su correligionaria Mariana Gómez del Campo puntualizó:

Aunque sus compañeros de bancada Francisco Huacus, Macarena Chávez y Mauricio Prieto cambiaron de opinión y votaron finalmente a favor del dictamen, el coordinador del PRD, Luis Cházaro, rechazó la militarización del país y cuestionó la falta de estrategia del actual gobierno en materia de seguridad.