La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara, por un presunto desfalco de 186 millones de pesos y el cobro de moches de hasta 2.5 millones de pesos.

De acuerdo con la auditoría forense 117-DS, las irregularidades detectadas datan de hace cinco años e incluyen licitaciones amañadas, cobros indebidos a nombre de Guevara y anomalías en apoyos a atletas de alto rendimiento. La Conade no ha podido solventar las observaciones, por lo que el caso fue turnado a la FGR.

Extorsión y moches

El origen de la investigación se remonta a la Cuenta Pública 2019, el primer año de la exvelocista al frente de la Conade. En mayo de 2020, los dueños de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (Cimcsa) denunciaron a Ana Gabriela Guevara por extorsión. Meses más tarde, los empresarios Rafael N. y Jesús N. fueron detenidos por desaparición forzada, mientras la ASF auditaba contratos de alimentación para atletas de alto rendimiento, en los cuales se detectaron múltiples irregularidades.

Según testimonios recabados por la ASF, los empresarios fueron presionados para entregar un moche del 15% del contrato, además de 150 mil pesos iniciales para la adjudicación. El trato se habría pactado en un hotel de la Ciudad de México en 2019, donde se presentaron documentos de tres empresas para simular competencia en la licitación.

Ese mismo año fue detenida Armida Ramírez, exalcaldesa de Xalapa, acusada de haber enviado a Edgar N. a cobrar un moche de 2.5 millones de pesos en las oficinas de Cimcsa. Edgar N. fue visto por última vez en 2019 en ese mismo lugar.

Irregularidades reiteradas

No es la primera vez que la ASF detecta irregularidades en la gestión de Guevara. En 2023, la Auditoría presentó otra denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por anomalías en la Cuenta Pública 2020, derivadas de la auditoría forense 143-DS, en la que se detectaron 205.2 millones de pesos sin aclarar.

Entre los hallazgos, se documentó un probable daño a la Hacienda Pública por 77.5 millones de pesos, destinados a 428 personas que recibieron apoyos como entrenadores sin comprobar pertenecer al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade). De esa cifra, 40.4 millones fueron entregados a 222 beneficiarios que no acreditaron tener formación ni experiencia en entrenamiento deportivo.

La FGR determinará si las pruebas presentadas por la ASF derivan en responsabilidades penales para los implicados y posibles sanciones por corrupción en el deporte mexicano.