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AMLO ya decidió que el PRI presida la Cámara de Diputados, manifiesta Fernández Noroña
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presida la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir de hoy, y durante el último año de la 64 Legislatura.
Luego de que esta mañana, el presidente rechazó las maniobras de última hora en la disputa por ese cargo, porque ese tipo de actitudes -dijo- le da argumentos al conservadurismo, Fernández Noroña incluso aseguró que le responderá “al compañero presidente” en una conferencia que citó primero a las 13 horas y después a las 14.
“Veremos qué deciden los compañeros de Morena. Sostengo que es un error gravísimo y explicaré la razón central”, dijo en uno de dos tuits sobre el tema.
La bancada de Morena está citada a partir de las 11 a su reunión plenaria, para decidir su voto, pero campea la inconformidad por la incorporación a la 4T, vía el PT, de Mauricio Toledo -que reventó con violencia actos de campaña de Claudia Sheinbaum en 2018- y del ex secretario de Gobierno de la capital, Héctor Serrano, quien llegó a la Cámara por el PRD.
Pero también hay incertidumbre sobre el comportamiento de Fernández Noroña. El diputado Javier Hidalgo (Morena) dijo que si bien el petista es buen orador y legislador, ello contrasta con su perfil emocional.
La bancada de Movimiento Ciudadano llamó a respetar la legalidad de la cámara “y el cabal cumplimiento del acuerdo fundacional de la LXIV Legislatura por el que quedó definido el orden de prelación para presidir la Cámara de Diputados durante el tercer año”.
Recordó que al instalarse la actual legislatura, dicho acuerdo “reconoció la mayoría del grupo parlamentario de Morena para presidir la Junta de Coordinación Política (por tres años), así como la presidencia de la Mesa Directiva durante el primer año de actividades”.
Citó que el mismo acuerdo, firmado por todos los coordinadores parlamentarios, reconoció la composición originaria de las bancadas, formalizada en la declaración constitutiva del 4 de septiembre de 2018, y se plasmó el compromiso de respetar lo dispuesto en el artículo 17, numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General, de que la segunda fuerza política, representada por el PAN, y la tercera fuerza política, el PRI, presidirían la Mesa Directiva en los años sucesivos.
Incluso señaló que todos los coordinadores parlamentarios firmaron el 11 de septiembre de 2018 un acuerdo sobre el clima de diálogo y respeto que debe prevalecer en los trabajos de la Cámara de Diputados, el cual definió que, en la conducción de las sesiones, se privilegiará siempre el debate y no se utilizará la mayoría de manera que trasgreda la pluralidad democrática.
Esto es, indicó, las bancadas expresaron su voluntad política de reconocer la correlación de fuerzas políticas en la actual Legislatura, garantizar la gobernabilidad a la Cámara y resolver la interpretación de la Ley Orgánica para dar certeza sobre las presidencias en los dos órganos de gobierno de la Cámara.
Ante ello además rechazó “la cooptación, mercadeo y traspaso de legisladores entre bancadas cometidos con el único objetivo de hacerse del control de los órganos de gobierno de gobierno para la satisfacción de ambiciones personales” y concluyó que, conforme a la declaración constitutiva de la cámara, “corresponde al PRI, en su calidad de tercera fuerza política, presidir la mesa”.
En ese escenario, prevalece el empate de 46 diputados de PRI y PT, y desde ayer el coordinador priísta, René Juárez Cisneros, anticipó que de continuar esa condición numérica, apelaría al acuerdo fundacional citado por MC.
Antes de la reunión de la Junta de Coordinación Política, citada para las 15 horas, donde se decantará la decisión, René Juárez convocó a los priístas a una plenaria a las 14:30 horas, donde se ratificará la candidatura de Dulce María Sauri Riancho.
Fuente: La Jornada
Nacionales
Bloqueo en la Suprema Corte frena proyecto sobre desalojos previo al Mundial 2026
Decenas de personas bloquearon este lunes todos los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, para exigir el aplazamiento de la discusión de un proyecto que, aseguran, busca “legitimar” los desalojos forzosos, los cuales han ido en aumento rumbo al Mundial de Futbol 2026.
Tras casi cuatro horas de protesta, los ministros anunciaron en sesión el retiro del proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, decisión que fue recibida como un primer avance por los manifestantes.
“Ya se bajó (canceló), pero lo que estamos pidiendo es que se revalúe la dirección del proyecto”, señaló Arturo Aparicio, asesor legal de vecinos desalojados en distintas zonas de la capital.
El proyecto deriva de la acción de inconstitucionalidad 73/2019, promovida hace siete años por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, contra la eliminación de diversas garantías en casos de desalojo. Dichas garantías estaban contempladas en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, vigente desde febrero de 2019 y reformada en mayo del mismo año.
Aparicio subrayó que la principal exigencia es regresar a la redacción original del artículo 60, con el objetivo de evitar desalojos que, dijo, vulneran los derechos humanos. “No se trata de quitar la propiedad a los dueños, sino de que existan garantías legales reales para los inquilinos, como un aviso previo y el derecho a ser escuchados en un juicio”, aclaró.
Por su parte, Eduardo Alanís, activista del Frente Antigentrificación, advirtió que el proyecto pretende validar como constitucional una legislación que permite desalojos sin garantías básicas. “Este proyecto nos da la espalda a quienes vivimos en esta ciudad y favorece a las inmobiliarias. Todo esto ocurre por cinco partidos del Mundial que se jugarán en la Ciudad de México”, afirmó.
Antes de ingresar a la SCJN junto con una comitiva de vecinos y activistas, Aparicio reiteró la exigencia de que el máximo tribunal reconozca que la reforma de 2019 violó el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.
Durante la protesta también tomó la palabra Rufina Galindo, de 71 años, quien fue desalojada de su vivienda en el Centro Histórico en 2023. La mujer pidió a los ministros priorizar los intereses de la ciudadanía. “Que piensen en el pueblo, que es el que los necesita para luchar por su derecho a una vivienda digna”, expresó.
Galindo advirtió que los desalojos son experiencias “traumatizantes” que dejan secuelas psicológicas y generan temor hacia las autoridades.
La manifestación inició a las 8:00 horas y se mantuvo hasta las 15:00 horas, con cierre vial frente a la Suprema Corte, mientras los inconformes esperaban la salida de la comitiva que ingresó a dialogar con los ministros.






