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Alejandro Moreno denuncia a gobierno federal ante la ONU

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Foto: Internet

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, presentó una denuncia contra el gobierno federal ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por una presunta persecución política en contra de los partidos políticos de oposición.

Alejandro Moreno visitó la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde entregó una carta dirigida a la ex presidenta de Chile y le solicitó una reunión para hablar sobre los problemas que enfrenta México.

En la carta, acusó que el gobierno federal se acerca mucho a lo que se considera un gobierno autoritario porque ataca a autoridades electorales, tribunales, instituciones, a los medios de comunicación y a toda voz que exprese desacuerdo con su desastrosa manera de gobernar.

Mencionó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado recursos públicos y a las agencias de seguridad y procuración de justicia, como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República para realizar espionaje, obtener información personal de manera ilegal.

El dirigente del PRI mencionó que a partir de que la coalición electoral “Va por México” rechazó la reforma eléctrica, el gobierno federal inició una violenta campaña en contra de quienes conforman la alianza, acusando de “traidores a la patria” a los diputados que frenaron la iniciativa.

También denunció que durante los últimos tres meses ha sido víctima de una campaña violenta y difamatoria, impulsada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien utiliza de manera sistemática espacios de comunicación y recursos públicos para exponer porciones de audio alteradas y obtenidas ilegalmente sobre su persona y sus actividades.

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México recupera más de mil concesiones mineras; 250 mil hectáreas estaban en áreas naturales protegidas

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La Secretaría de Economía (SE) informó que el Gobierno de México ha recuperado mil 126 concesiones mineras que abarcan un total de 889 mil 502 hectáreas, como parte de la política de revisión y ordenamiento del sector extractivo en el país.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE, destacó que una parte significativa del territorio recuperado corresponde a zonas ambientalmente protegidas. “Dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250 mil hectáreas en áreas naturales protegidas”, subrayó.

El funcionario explicó que la mayoría de las cancelaciones se han derivado de incumplimientos legales por parte de los concesionarios. Precisó que la ley contempla la revocación de concesiones cuando existen atrasos prolongados en las obligaciones, entre ellas la presentación de informes técnicos necesarios para comprobar la actividad en los proyectos mineros.

Además de las revocaciones, indicó que también se han registrado devoluciones voluntarias por parte de empresas, como resultado del diálogo establecido con la industria minera.

En cuanto a la distribución geográfica, Aboitiz Saro señaló que el proceso de cancelación se ha llevado a cabo prácticamente en todo el país, con excepción de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, estados del sureste donde, afirmó, prácticamente no existe actividad minera.

Finalmente, detalló que las mayores reducciones de concesiones se concentran en entidades con tradición minera como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco, donde se ha registrado el mayor número de cancelaciones.

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