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Alejandro Moreno denuncia a gobierno federal ante la ONU

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Foto: Internet

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, presentó una denuncia contra el gobierno federal ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por una presunta persecución política en contra de los partidos políticos de oposición.

Alejandro Moreno visitó la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde entregó una carta dirigida a la ex presidenta de Chile y le solicitó una reunión para hablar sobre los problemas que enfrenta México.

En la carta, acusó que el gobierno federal se acerca mucho a lo que se considera un gobierno autoritario porque ataca a autoridades electorales, tribunales, instituciones, a los medios de comunicación y a toda voz que exprese desacuerdo con su desastrosa manera de gobernar.

Mencionó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado recursos públicos y a las agencias de seguridad y procuración de justicia, como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República para realizar espionaje, obtener información personal de manera ilegal.

El dirigente del PRI mencionó que a partir de que la coalición electoral “Va por México” rechazó la reforma eléctrica, el gobierno federal inició una violenta campaña en contra de quienes conforman la alianza, acusando de “traidores a la patria” a los diputados que frenaron la iniciativa.

También denunció que durante los últimos tres meses ha sido víctima de una campaña violenta y difamatoria, impulsada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien utiliza de manera sistemática espacios de comunicación y recursos públicos para exponer porciones de audio alteradas y obtenidas ilegalmente sobre su persona y sus actividades.

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ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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