La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un pedido de la Administración del presidente Joe Biden para que se pongan en efecto nuevas protecciones a favor de estudiantes transgénero en una decena de estados, donde han sido bloqueadas por jueces federales.

La decisión del Tribunal Supremo significa que se mantiene en pausa en 10 estados de mayoría conservadora las disposiciones promulgadas meses atrás por el Gobierno de Biden para proteger a los estudiantes transgénero de discriminación basada en su identidad de género.

La medida de la administración federal se halla en general bloqueada en al menos la mitad de los estados del país, en virtud de otras querellas judiciales, y se mantendrán así mientras siguen su curso legal.

En su escrito, los nueve miembros del máximo tribunal señalaron que partes de las nuevas reglas no pueden entrar en vigor hasta que se resuelvan las impugnaciones legales.

La nueva regla emitida por el Departamento de Educación ampliaba los alcances de una ley de 1972, que prohíbe la discriminación por sexo en escuelas que reciben fondos federales, y señalaba que ello incluye también la discriminación en base a la identidad de género, la orientación sexual y el “embarazo o condiciones relacionadas”.

Otras disposiciones de esa nueva regla abordan la protección de las estudiantes embarazadas y en posparto, incluido el acceso a espacios de lactancia y la prohibición de represalias, las cuales no han sido objeto de disputas legales.

Casi de inmediato de emitida la medida, varios estados se querellaron contra el Departamento de Educación al señalar que las nuevas disposiciones, y en concreto la cobertura de la identidad de género para los casos de discriminación por sexo, excedían su autoridad.

La decisión del Tribunal Supremo está relacionada a dos demandas presentadas en Kentucky y en Luisiana, cada una de las cuales engloba a varios estados, donde tras el resultado de hoy se mantendrán bloqueado el conjunto de las disposiciones.

En vista de que las cortes de apelaciones rechazaron poner en vigor algunas de las disposiciones, la Administración federal pidió la intervención de la máxima instancia judicial, con el desenlace dado a conocer.