Tras 23 años de defensa en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra anunció su renuncia como abogado representante de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, para incorporarse al equipo de trabajo del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar.

El anuncio se dio mediante una carta fechada el 19 de agosto en Tlapa, Guerrero, dirigida a organizaciones sociales y de derechos humanos. En ella, Rosales afirmó retirarse “de la primera línea de la lucha social con la frente en alto”, aunque aseguró que continuará exigiendo desde “otras trincheras” el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas y afromexicanos.

El abogado agradeció al antropólogo Abel Barrera, director de Tlachinollan, así como a diversas organizaciones y movimientos sociales que lo acompañaron en su trayectoria, entre ellos la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y, de manera central, a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Rosales, originario de la Montaña de Guerrero y defensor de comunidades indígenas, recordó su trayectoria marcada por amenazas de muerte, hostigamientos y medidas cautelares de la CIDH tras la defensa de casos como los de Valentina Rosendo e Inés Fernández en 2002. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto también fue víctima de espionaje y campañas de desprestigio por su papel en el caso Ayotzinapa.

Su última participación como vocero de los padres y madres de los 43 se dio el pasado 3 de agosto, en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, con su incorporación a la SCJN, Rosales forma parte de la nueva etapa del Poder Judicial, en medio de cuestionamientos hacia Hugo Aguilar por su papel en la consulta de megaproyectos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.