Internacionales
Ucrania suspende la destrucción de minas antipersonas debido a la invasión rusa

Ucrania ha renunciado a su compromiso de destruir el arsenal de minas antipersona, que data de la era soviética y asciende a cerca de seis millones de unidades. Esta decisión se debe a la invasión rusa, que ha utilizado minas antipersona en diversas regiones de Ucrania, causando devastación en ciudades, estaciones de transporte y áreas agrícolas. Yevguenii Kivshik, representante del Ministerio de Defensa de Ucrania, explicó que la destrucción de minas se ha visto limitada por los constantes bombardeos y la ocupación de territorios por parte de las fuerzas rusas.
Kivshik mencionó que, a pesar de los desafíos, Ucrania ya ha destruido 2.5 millones de minas, pero que las condiciones de guerra y los recursos limitados impiden continuar con el proceso de eliminación de armas. En su intervención en una cumbre internacional en Camboya, el funcionario destacó que la agresión rusa ha obligado a modificar los planes de destrucción de estas reservas de minas.
Por otro lado, Ucrania acusó a Rusia de utilizar minas antipersona en áreas densamente pobladas, poniendo en riesgo la vida de seis millones de ucranianos. En la misma conferencia, Oleksandr Riabtsev, otro representante ucraniano, acusó a Moscú de llevar a cabo “actividades genocidas” con el uso de estos explosivos en lugares públicos y viviendas.
En la cumbre de la Convención de Ottawa, que examina la implementación de la prohibición mundial de las minas antipersona, también se discutió la controversia sobre el suministro de minas por parte de Estados Unidos a Ucrania. Organizaciones como la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona criticaron el uso de estas armas, destacando los peligros que siguen representando mucho tiempo después del conflicto.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.