El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva titulada “Acabando con el Crimen y el Desorden en las Calles”, con la que busca enfrentar la crisis de personas sin hogar en el país a través de medidas más estrictas. La normativa permite a gobiernos estatales y locales hospitalizar forzosamente a personas sin hogar que presenten trastornos mentales o consumo problemático de sustancias.

Además, la orden prohíbe expresamente el uso de drogas en espacios públicos y la instalación de campamentos callejeros, estableciendo sanciones económicas para las ciudades que no acaten las disposiciones. Según Trump, esta medida responde a la creciente inseguridad y deterioro de espacios urbanos provocado —según su postura— por la falta de control en el tema de indigencia.

El plan también contempla el despliegue de unidades móviles de salud mental y la creación de centros de internamiento en colaboración con instituciones privadas. Asimismo, la Guardia Nacional podría participar en tareas de vigilancia y traslado, si los gobiernos estatales lo solicitan.

Aunque la Casa Blanca no ha ofrecido detalles sobre los criterios de diagnóstico ni el proceso de internamiento, el anuncio ha generado reacciones encontradas. Diversos organismos defensores de derechos humanos han expresado preocupación por la potencial criminalización de la pobreza y la posibilidad de abusos en el proceso de hospitalización forzada.

La medida, promovida como una forma de “recuperar el orden en las calles”, ya ha sido aplicada en algunos estados republicanos de forma parcial, y con esta orden ejecutiva se busca estandarizarla a nivel nacional como política pública.