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Tribunal sanciona a Adrián Marcelo por violencia de género contra Mariana Rodríguez

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El Tribunal Electoral de Nuevo León sancionó al influencer Adrián Marcelo Moreno Olvera tras declarar que sus comentarios hacia Mariana Rodríguez, excandidata de Movimiento Ciudadano y esposa del gobernador de Nuevo León, constituyeron violencia política de género. El tribunal consideró que sus declaraciones en una entrevista, calificadas como “lascivas y grotescas,” incluyeron micromachismos que afectaron la dignidad y capacidad de Rodríguez, quien presentó la denuncia en septiembre.

El fallo incluyó una amonestación pública como sanción disciplinaria para Marcelo, quien se mostró indiferente hacia la medida, haciendo comentarios irónicos en redes sociales. Pese a la reacción del influencer, el tribunal dejó claro que sus palabras tuvieron consecuencias, y aunque Marcelo alegó que se trataba de “humor negro,” se concluyó que el tono de sus declaraciones no justificaba su falta de respeto.

La reacción en redes sociales fue variada, con seguidores que defendieron a Marcelo y otros que respaldaron la sanción, señalando un patrón de actitudes que algunos califican como violentas contra las mujeres. Rodríguez, por su parte, celebró el fallo con una publicación en redes, expresando satisfacción ante el desenlace. En la demanda también están implicados Adrián de la Garza y la Coalición Fuerza y Corazón X Nuevo León, quienes fueron acusados por Rodríguez de contratar a Marcelo para afectar su imagen.

El tribunal detalló que, aunque Marcelo actuó en el contexto de un ejercicio mediático, las expresiones excedieron los límites de la libertad de expresión en el ámbito político, por lo que su conducta fue sancionada. La resolución subraya la responsabilidad de figuras públicas en sus declaraciones y busca sentar precedentes contra actitudes que refuercen estereotipos de género en el debate político.

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ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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