Nacionales
Tribunal ordena la despenalización del aborto en Zacatecas, el congreso estatal deberá derogar las leyes restrictivas
Un Tribunal Colegiado ha ordenado la despenalización del aborto en Zacatecas, declarando inconstitucionales los artículos del Código Penal estatal que prohibían el aborto voluntario. Esta decisión convierte a Zacatecas en la decimoquinta entidad en México en permitir la interrupción legal del embarazo, según informó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El fallo fue emitido tras la resolución de un amparo presentado por GIRE en enero de 2024, donde se cuestionaban las leyes que restringen el derecho al aborto en Zacatecas. Los magistrados del Tribunal Colegiado aprobaron por unanimidad el Amparo en Revisión, lo que obliga al Congreso local a derogar las leyes que penalizan el aborto autoprocurado y consentido.
El GIRE destacó que esta decisión es parte de una estrategia nacional para eliminar el delito de aborto en los códigos penales de todo el país y garantizar el acceso a este procedimiento como un servicio de salud esencial. Además, el organismo subrayó la responsabilidad del Congreso de Zacatecas de acatar la sentencia y la obligación de la Secretaría de Salud de asegurar el acceso al aborto seguro para todas las personas gestantes.
Esta resolución se suma a otros avances recientes en la despenalización del aborto en México, como el caso de Puebla, donde en julio de 2024 se despenalizó el aborto antes de las 12 semanas de gestación y se redujeron las penas por interrupciones posteriores. La decisión en Zacatecas refuerza el movimiento por los derechos reproductivos en el país.
Nacionales
ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.
De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.
Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.
Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.






