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Tribunal niega Amparo a Elektra, deberá pagar los 24 mil millones que debe en impuestos

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El Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar 24 mil millones de pesos al SAT tras la negación de un amparo solicitado por la empresa. Los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinaron que Elektra tiene la obligación de saldar el adeudo fiscal. La deuda se originó del ejercicio fiscal de 2013 y considera actualizaciones por inflación.

Elektra había tramitado el amparo en respuesta a una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la cual ratificó que debía pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado del ejercicio fiscal mencionado. En 2014, tras salir del régimen de consolidación fiscal, la empresa no revirtió las pérdidas de sus filiales que había aprovechado para reducir el pago de impuestos en años anteriores. Según el SAT, esto significó que Elektra no sumara diversas pérdidas por enajenación de acciones que fueron aprovechadas en los ejercicios de 2008 a 2012.

El Grupo Elektra expresó su descontento ante la decisión judicial, alegando falta de objetividad por parte de algunos magistrados debido a la presión sistemática del Gobierno federal. La empresa anunció que recurrirá a instancias superiores para buscar una resolución que elimine lo que consideran cobros dobles e ilegales. A través de un comunicado, Elektra señaló confiar en que las instancias superiores actuarán con autonomía e independencia a pesar de las presiones externas.

El caso de adeudo de impuestos de Grupo Salinas, cuya deuda asciende a 63 mil millones de pesos, fue hecho público por el Gobierno de México el pasado 22 de marzo. El expediente incluye documentos como estados financieros, créditos ejercidos, sentencias públicas sobre juicios promovidos por Grupo Elektra, Nueva Elektra y TV Azteca, así como tesis jurisprudenciales y sentencias completas.

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ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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