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Suprema Corte suspende decreto que obligaba comprarle gas a Pemex y CFE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió con efectos generales el oficio SENER.100/195/2022 en el que se obligaba a las empresas privadas en el mercado del gas natural a contar con contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex.
Uno de los puntos clave para que la corte diera marcha atrás a esta disposición fue la postura que emitió la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) el pasado mes de julio en contra de este decreto.
El pleno de la COFECE advirtió que existían diversos riesgos en materia de competencia y libre concurrencia derivados de la estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), establecida por la Secretaría de Energía (Sener) en el oficio.
Entre los principales efectos adversos, la Cofece señaló que se podrían generar distorsiones para los competidores de la CFE en el mercado de producción de energía eléctrica, toda vez que los usuarios que utilicen gas natural para producir electricidad y requieran el servicio de transporte estarían obligados a adquirir este insumo a través de la CFE, que a su vez es su competidor.
“De esta forma, la CFE podría tener incentivos para incrementar los costos del gas natural a sus competidores”, subrayó la comisión.
También se impediría a los usuarios, tanto comercializadores como usuarios industriales, que llegaran a decidir no contratar con alguna de las Empresas Productivas del Estado, el acceso en igualdad de condiciones a la capacidad del Sistrangas, beneficiando artificialmente a Pemex y CFE.
Además, se desincentivaría la entrada de potenciales comercializadores de gas natural y anularía la capacidad de competir de los participantes actuales en este eslabón.
Nacionales
Dejan en libertad a 15 detenidos durante operativo contra “R2” en Jalisco; cinco siguen bajo custodia
Entre las personas que podrán continuar su proceso sin prisión preventiva se encuentran integrantes del grupo musical Los Arras, empleados y clientes del restaurante Sabea. La situación jurídica de otros cinco detenidos continúa pendiente de resolución.
Un juez de Control determinó que 15 de las 20 personas detenidas durante el operativo para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, en Jalisco, puedan continuar su proceso judicial en libertad, mientras que otros cinco hombres permanecerán bajo custodia en el complejo penitenciario de Puente Grande.
La resolución se produjo después de una extensa audiencia relacionada con el despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, donde fueron aseguradas varias personas que se encontraban en el establecimiento al momento de la intervención de las autoridades.
Entre quienes obtuvieron el beneficio de enfrentar el procedimiento fuera de prisión se encuentran músicos de la agrupación Los Arras, así como trabajadores y comensales del negocio.
Sin embargo, la determinación judicial no representa una absolución, ya que los involucrados deberán cumplir con las medidas cautelares establecidas y mantenerse disponibles para las siguientes etapas del proceso.
Cinco detenidos permanecerán en Puente Grande
De acuerdo con información difundida por N+, los cinco hombres que continuarán bajo custodia fueron identificados como Fernando Omar “N”, Luis Felipe “N”, Uriel Rodrigo “N”, Óscar “N” y Rogelio “N”.
Los señalados enfrentan imputaciones relacionadas con presuntos delitos de portación de armas de fuego, narcomenudeo y pandillerismo.
Su situación jurídica todavía deberá ser definida por la autoridad judicial, conforme a los plazos establecidos y los elementos que presenten tanto el Ministerio Público como sus respectivas defensas.
Audiencia continuará el domingo 15 de noviembre
El abogado Gilberto Pedraza, quien representa legalmente a cuatro de los investigados, explicó que las 20 personas detenidas solicitaron ampliar el plazo constitucional a 144 horas.
Esta medida permite disponer de más tiempo para preparar su defensa y reunir información que pueda ser presentada ante el juez.
Por ello, la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo domingo 15 de noviembre, fecha en la que se espera una determinación sobre la situación jurídica de los cinco hombres que permanecen detenidos.
La audiencia inicial comenzó durante la tarde del miércoles 11 de noviembre y se extendió hasta la mañana del jueves 12, debido al número de personas involucradas y las actuaciones procesales realizadas.
“R2” permanece hospitalizado; suspenden audiencia por su estado de salud
Por separado, Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”, continúa recibiendo atención médica en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, después de resultar lesionado durante el operativo en el que fue capturado.
Su audiencia inicial, prevista para el miércoles 11 de noviembre mediante videoconferencia, tuvo que suspenderse debido a que los medicamentos administrados durante su recuperación le provocaban somnolencia, impidiéndole participar adecuadamente en la diligencia.
El procedimiento judicial deberá reanudarse cuando las condiciones médicas del detenido permitan garantizar su participación y el ejercicio de su derecho a la defensa.
Continúan investigaciones por operativo en restaurante Sabea
El despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, en Guadalajara, derivó en la detención de 21 personas en total, incluyendo a Rafael Álvarez Ayala, quien permanece hospitalizado.
Las autoridades federales investigan los hechos relacionados con el operativo y las posibles responsabilidades de los involucrados, mientras los procedimientos judiciales continúan por separado.
La liberación de los 15 detenidos fue confirmada este jueves 12 de noviembre, aunque deberán atender las obligaciones procesales establecidas por el juez.
El caso continuará el próximo domingo 15 de noviembre, cuando se prevé que la autoridad judicial retome las actuaciones relacionadas con los cinco hombres que permanecen recluidos en Puente Grande.
Mientras tanto, la audiencia de “R2” sigue pendiente debido a su estado de salud y las autoridades deberán garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de los investigados.





