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La Internacional Villahermosa

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Sudán prohibe mutilación sexual femenina

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El gobierno provisional de Sudán ha prohibido y criminalizado la mutilación genital femenina, por lo que ahora, con las nuevas disposiciones, quien cometa este hecho podrá ser condenado a pasar hasta tres años en prisión.

Según la modificación a la Ley 141, cualquiera podrá ser encarcelado por cometer este delito, incluyendo al personal que laboran en las instituciones de salud.

Algunas organizaciones de activistas antimutilación han recibido la noticia con alegría, sin embargo han advertido que la eliminación de estas prácticas, todavía tomará tiempo y será complicada.

Esto, debido a que las comunidades sudanesas ven la mutilación femenina como un paso necesario para garantizar el matrimonio de las mujeres, además, habrá quienes, a pesar de saber que esta práctica se sigue realizando, no se sentirán seguros para denunciarlo o algunas comunidades podrán ocultar que continúan mutilando a las niñas.

La mutilación genital, o ablación, puede incluir diversos tipos de cortes vaginales: la eliminación total o parcial del clítoris, la eliminación del clítoris junto con los labios vaginales internos, con o sin los labios externos, corte o extracción de una parte o la totalidad de los genitales externos y costuras o estrechamiento de la abertura vaginal además de otros daños a la vagina como la quema o el raspado de la zona.

Estos procedimientos no sólo representan un intenso dolor para las víctimas durante el proceso, también provocan problemas al orinar, dolor al momento de tener relaciones sexuales durante el resto de su vida e importantes complicaciones al momento de dar a luz. lo que puede resultar en la muerte de la madre.

En algunas ocasiones, durante el proceso de mutilación, debido a las condiciones de salubridad en las que se realiza, las mujeres pueden morir desangradas.

El objetivo de la ablación, varía de acuerdo con las comunidades, sin embargo se ha identificado que algunas poblaciones identifican la mutilación femenina como una manera de preservar el honor de la familia.

Otras lo consideran un rito de transición entre la infancia y la madurez, mientras que otras lo hacen por cuestiones religiosas, aunque organismos como la Organización de las Naciones Unidas, no han identificado textos religiosos que hablen de la mutilación femenina.

Finalmente, en muchos de los casos, también es una manera de controlar la sexualidad de las mujeres, impidiéndoles obtener placer sexual.

De acuerdo con la organización antimutilación genital femenina, 28 Too Many, hasta tres cuartas partes de los procedimientos son hechos por personal médico que incluye a enfermeras, parteras u otro tipo de equipo sanitario.

Sudán tiene uno de los porcentajes más altos de mutilación genital femenina. En promedio, más del 80 por ciento de las niñas son sometidas a este procedimiento, sin embargo, hay estados, sobre todo en el norte del país, en los que la mutilación llega a realizarse a 97 por ciento de las niñas.

Según los datos de la organización 28 Too Many, la edad en la que más constantemente se identifica la mutilación, es en los grupos de mujeres que tienen entre 45 y 49 años, en donde 91 por ciento sufrió ese procedimiento. En los grupos de edad más jóvenes, entre 15 y 19 años, el porcentaje disminuye a 81 por ciento.

“A pesar del hecho de que una pequeña proporción de mujeres puede ser cortada después de los 15 años, los datos sugieren una tendencia hacia menores prevalencias entre las mujeres más jóvenes”, señala la organización.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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