Nacionales
SEP aclara que la educación militarizada no está autorizada por la ley tras caso de Dafne Zapata
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que la educación militarizada no está autorizada por la legislación mexicana, al señalar que ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) avalan este tipo de formación para instituciones de educación básica.
La declaración se produjo tras el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, cuyo caso es investigado por las autoridades luego de que la menor asistiera a un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas.
El titular de la SEP explicó que la educación militar está destinada exclusivamente a la formación de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, por lo que no existe un marco legal que permita impartir educación básica bajo modalidades militarizadas o castrenses.
Asimismo, informó que las autoridades educativas de Tamaulipas revisarán la situación de la institución involucrada para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que no tiene atribuciones para autorizar, supervisar o regular academias militarizadas privadas, por lo que se deslindó de la operación de la Academia Marina Doenitz.
El caso de Dafne Zapata continúa bajo investigación por las autoridades ministeriales, mientras la SEP reiteró su compromiso de garantizar que los centros educativos operen conforme a la legislación vigente.
Nacionales
Topo Chico evita juicio tras acuerdo con Hacienda por más de 2 mil 500 millones de pesos
La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.
Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.
Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.
El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.





