Un juez federal aplazó para el próximo 4 de octubre la audiencia donde la Fiscalía General de la República podrá imputar al panista Ricardo Anaya Cortés, por haber recibido un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética.

Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, determinó que está comprobado que Ricardo Anaya no ha tenido acceso a la carpeta de investigación que se judicializó en su contra.

El juzgador hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional. 

Anaya compareció de manera virtual, pero por lo señalado por el juez, queda claro que no se encuentra en el país.

El día de ayer la FGR informó que Anaya Cortés sí votó a favor de la reforma energética cuando era diputado federal en el sexenio pasado y por ello recibió un soborno de 6 millones 800 mil pesos.

En el documento se da cuenta de hechos delictivos “que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.

La versión pública de la pesquisa detalla que la FGR ha judicializado diversos casos, como el de Ricardo Anaya, los cuales ya son del dominio público.

Indica que altos funcionarios de Odebrecht Brasil, como Hilberto Mascarenhas Alves, Marcelo Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, entre otros, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir de 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana.

Para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera.

En la denuncia que Emilio Lozoya presentó a la FGR en 2020 señaló que recibió instrucciones superiores para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil.

Según diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en 2014, a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya cuyo nombre es Norberto Gallardo.