La diputada Claudia Sánchez Juárez, del Partido Verde, presentó una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de apoyar a las mujeres en juicios familiares, especialmente en aquellos relacionados con pensiones alimenticias. La propuesta busca erradicar la “peligrosidad procesal”, término que refiere a cómo los agresores eluden las notificaciones judiciales y el cumplimiento de sentencias, lo que genera impunidad.

La iniciativa fue respaldada por el colectivo “Caso 992” y propone que las Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS) intervengan para asegurar el cumplimiento de sentencias y detectar la capacidad económica de los deudores. Esto es crucial en un contexto donde el 97% de los juicios por alimentos son promovidos por mujeres, pero solo el 3% de estos casos llega a una resolución. Además, cuando se dictan sentencias, apenas el 10% de los menores afectados logran cobrar una pensión.

Sánchez Juárez resaltó que la violencia vicaria, una forma de violencia familiar donde el agresor utiliza el sistema judicial para dañar a las mujeres y sus hijos, ha sido visibilizada gracias a colectivos como “Caso 992”. La diputada subrayó que esta propuesta permitirá cerrar brechas en los procedimientos judiciales, que actualmente benefician a los agresores permitiéndoles ocultar bienes e ingresos.

La reforma busca facilitar a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, la obtención de justicia en juicios familiares. El objetivo es que no sean ellas quienes deban probar la solvencia de los agresores, una tarea casi imposible para muchas que viven en condiciones precarias, lo que perpetúa la impunidad y la falta de cumplimiento de obligaciones.