La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una nueva ley fiscal promovida por el expresidente Donald Trump, que contempla la implementación de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde ese país. La propuesta ha sido turnada al Senado estadounidense para su evaluación y posible aprobación final.

Este posible gravamen ha encendido las alertas tanto en comunidades migrantes como en gobiernos de América Latina, particularmente en México, uno de los principales países receptores de remesas en el mundo.

Al respecto, la presidenta de México expresó esta mañana su firme postura al asegurar que su gobierno seguirá trabajando para que no se imponga ningún impuesto a las remesas, al considerar que representan un ingreso vital para millones de familias mexicanas.

De entrar en vigor, esta medida impactaría de forma significativa a la ciudadanía mexicana, tanto en Estados Unidos como en territorio nacional, afectando directamente la economía de los hogares que dependen de este recurso para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.

El tema continúa generando debate tanto en el ámbito legislativo de EE. UU. como en foros internacionales, donde se discute la legalidad, viabilidad y consecuencias sociales de imponer cargas fiscales a los flujos de dinero enviados por migrantes.