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Pobladores de Chilpancingo fueron obligados a manifestarse: SSPC
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que algunos de los manifestantes en Chilpancingo, Guerrero, fueron obligados a protestar por la detención de miembros de la célula criminal “Los Ardillos” y reveló que ya fue vinculado a proceso uno de los implicados.
“Se dio la instrucción de no caer en provocación porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse”, declaró la funcionaria este martes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Igualmente, dio a conocer que se encuentran “en buen estado de salud los servidores públicos retenidos”, entre los que se encuentran cinco integrantes de la guardia nacional, cinco de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero y un servidor de la secretaría de gobernación Federal.
La secretaria relató que durante el lunes habitantes de Chilpancingo, Guerrero se manifestaron por la detención de dos personas identificadas como líderes de “Los Ardillos”, por posesión de cartuchos cargadores y drogas, entre otros delitos.
Ante esto, la titular de la SSPC dijo que reiteró que la detención o libertad de las personas que imputadas es una decisión que “está en manos de un juez que tendrá que decidir cuál es el sustento jurídico”.
Asimismo, afirmó que el vocero principal, identificado como Gilmar Jaír Sereno Chávez, de 39 años, ya ha organizado este tipo de movilizaciones en otros tiempos y también es investigado parte de las autoridades.

De acuerdo con la SSPC, el 16 de febrero de 2022 organizó manifestaciones similares en Quechultenango, donde hubo la retención de personal militar y agentes de la Fiscalía General de Guerrero (FGE), en la que exigían la liberación de una persona detenida y la salida de las fuerzas de seguridad en ese municipio.
Igualmente, la persona que se autonombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero, identificado como Guillermo Matías Marrón, es afín al grupo criminal “Los Ardillos” y dueño de una empresa constructora “con diversas causas penales”, dijo Rosa Icela Rodríguez.
Según la lámina expuesta por la Secretaría, su compañía ha inaugurando diversas obras públicas junto con alcaldes de la Región de la Montaña.
A esto se suma que algunos de los participantes son “afines a este grupo criminal conocido como Los Ardillos”, apuntó.
Debido a esto, se inició una investigación por los hechos del lunes. Además, la SSPC acordó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos durante la manifestación.
“Estábamos a favor de la manifestación pero manifestaciones pacíficas. De ninguna manera estamos de acuerdo con algunas de las acciones que se han estado cometiendo en el estado. Entonces estamos en la mejor disposición de escucharlos pero no de apoyar las acciones que han estado haciendo”, concluyó Rosa Icela Rodríguez.
Nacionales
Ana Patricia Peralta niega investigación federal y asegura tener vigente su visa de EU
La presidenta municipal con licencia de Benito Juárez, Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña, rechazó los señalamientos que apuntan a una presunta investigación federal en su contra por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como la versión de que le habría sido retirada la visa de Estados Unidos.
La alcaldesa de Morena, quien actualmente cuenta con licencia para participar en el proceso interno por la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, fue cuestionada en Chetumal luego de que se difundiera información en la que también se señalaba a su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y a su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.
Peralta de la Peña aseguró que ni ella ni sus familiares enfrentan alguna situación relacionada con las autoridades estadounidenses y afirmó que no ha recibido ninguna notificación sobre una investigación en su contra.
Posteriormente, a través de Instagram, reiteró que la información difundida sobre ella y su familia es falsa y sostuvo que su documentación se encuentra en regla, incluida su visa estadounidense, la cual aseguró que continúa vigente.
Los señalamientos, difundidos por El Financiero, relacionan a la exintegrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con presuntos actos de desvío de recursos públicos, operaciones con una organización criminal y contrabando de hidrocarburos.
Ante estas acusaciones, la funcionaria negó categóricamente cualquier vínculo con dichas actividades.





