Nacionales
Población carcelaria en México creció 2.6 por ciento en 2022
La población carcelaria en México estuvo conformada el año pasado por 226 mil 116 personas, un aumento de 2.6 por ciento respecto a 2021.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal.
Al cierre de 2022 se contabilizaron 314 centros penitenciarios en todo el país, 15 de ellos federales, 248 estatales y 51 especializados.
Del total, 31.5 por ciento contó con alguna certificación o acreditación, un aumento de 3.1 por ciento en comparación con 2021.
Asimismo se elevó 11.7 por ciento la tasa de ocupación de los centros penitenciarios.
El análisis del Inegi arrojó que 97.1 por ciento de las cárceles contaron con áreas de visita familiar; 96.5 por ciento oficinas administrativas y 93.9 por ciento canchas deportivas.
Apenas el 20.1 por ciento contaron con salas de desintoxicación; 18.5 por ciento con hospitales y 12.8 por ciento espacios para la crianza de animales con fines de consumo humano.
Por su parte, 94.1 por ciento de los centros especializados contó con espacios para adolescentes con internamiento definitivo; 86.2 por ciento para adolescentes con internamiento preventivo y 84.3 por ciento para adultos jóvenes.
Del total de la población carcelaria en México, 88 mil 172 personas se encontraban sin sentencia, 23 mil 653 con sentencia no definitiva y 111 mil 162 con sentencia definitiva.
Comparado con 2021, la población privada de la libertad con sentencia aumentó 8.7 por ciento, mientras que la población sin sentencia disminuyó 5.0 por ciento.
Del total de población privada de la libertad sin sentencia, 50.2 por ciento estaba en prisión preventiva oficiosa; 23.9 por ciento en prisión preventiva justificada; 11.4 por ciento en otro supuesto jurídico y, para 14.5 por ciento no se identificó el tipo de estatus jurídico.
Nacionales
ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.
De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.
Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.
Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.






