Testimonios incluidos en expedientes judiciales señalan que el exgobernador de Tamaulipas habría recibido financiamiento del crimen organizado durante su campaña electoral de 1998, a cambio de mantener a determinados mandos policiales en sus cargos.

Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre el poder político y el narcotráfico en Tamaulipas vuelven a cobrar relevancia tras la difusión de documentos judiciales que detallan cómo habría operado una red de financiamiento ilícito durante la campaña que llevó a Tomás Yarrington Ruvalcaba a la gubernatura del estado en 1998.

De acuerdo con una investigación periodística de DOMINGA, basada en un expediente judicial, el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presuntamente contó con el respaldo económico de integrantes del Cártel del Golfo, quienes habrían entregado importantes cantidades de dólares en efectivo mediante operadores políticos y mandos policiales.

Los testimonios describen reuniones privadas, negociaciones y entregas de dinero que, según las declaraciones incorporadas a las investigaciones, tenían como finalidad financiar actividades electorales a cambio de garantizar protección y continuidad a determinados funcionarios de seguridad pública.

Una reunión en Reynosa habría marcado el inicio de los acuerdos

Uno de los episodios documentados se remonta a junio de 1998, cuando Yarrington acababa de convertirse en candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas.

Según la declaración de un testigo protegido, Jesús Vega Sánchez, entonces dirigente priista y operador político de la campaña, acudió al restaurante La Mansión del Prado, ubicado en Reynosa, para reunirse con Juan José Muñiz Salinas, conocido como El Bimbo.

Muñiz Salinas se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal y, de acuerdo con las investigaciones de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), mantenía presuntos vínculos con organizaciones criminales que operaban en la frontera.

En el encuentro también habría participado César Eduardo García Martínez, agente de la Policía Ministerial que posteriormente colaboró con las autoridades mexicanas y estadounidenses como testigo protegido, bajo el nombre clave de Óscar.

Su declaración fue una de las utilizadas para reconstruir los supuestos mecanismos de financiamiento que involucraban a integrantes del crimen organizado y operadores políticos de la época. SinEmbargo MX+1

Dinero del narcotráfico a cambio de conservar cargos policiales

La investigación señala que durante aquella reunión se planteó la necesidad de reunir recursos económicos para respaldar la campaña de Yarrington, independientemente de su procedencia.

De acuerdo con el testimonio, Vega Sánchez habría solicitado a Muñiz Salinas gestionar aportaciones entre comandantes policiales de la región fronteriza.

Como parte del presunto acuerdo, se habría ofrecido mantener a determinados mandos en sus puestos una vez que Yarrington asumiera la gubernatura.

El propio Muñiz Salinas habría advertido que los recursos procederían de organizaciones criminales y que recibirlos implicaría asumir compromisos con quienes aportaran el dinero.

Estas declaraciones forman parte de los señalamientos contenidos en investigaciones judiciales y no deben interpretarse como una resolución de culpabilidad individual contra cada persona mencionada. reader.digitalbooks.pro+1

Testimonios describen entregas de hasta 800 mil dólares

Las declaraciones del testigo identificado como Óscar también detallan presuntas entregas de efectivo durante los meses previos a las elecciones de 1998.

Según su relato, entre julio y octubre de aquel año se realizaron transferencias de dinero en efectivo que oscilaban entre 400 mil y 800 mil dólares por operación.

Los recursos supuestamente eran transportados en maletines y entregados a operadores de la campaña en diferentes puntos de Tamaulipas.

Uno de los testimonios describe una entrega de aproximadamente 500 mil dólares en un hotel de Matamoros, donde se encontraban integrantes del equipo político del entonces candidato.

También se mencionan aportaciones presuntamente vinculadas con Osiel Cárdenas Guillén, quien posteriormente encabezaría el Cártel del Golfo.

Estos antecedentes fueron difundidos años atrás por distintos medios de comunicación a partir de declaraciones contenidas en investigaciones de la PGR y de autoridades estadounidenses. Expansión+1

De gobernador de Tamaulipas a enfrentar la justicia en Estados Unidos

Tomás Yarrington gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, después de haber ocupado la presidencia municipal de Matamoros.

Su trayectoria política estuvo marcada por aspiraciones de crecimiento dentro del PRI, incluyendo su intención de competir por la Presidencia de México.

Sin embargo, las investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales y operaciones financieras ilícitas terminaron por llevarlo ante autoridades judiciales de México y Estados Unidos.

En territorio estadounidense, Yarrington se declaró culpable en 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero y fue sentenciado en marzo de 2023 a nueve años de prisión.

Posteriormente, en abril de 2025, fue entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar procesos penales pendientes por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y narcotráfico. Jornada+1

Procesos judiciales contra Yarrington continúan en México

El caso del exmandatario tamaulipeco permanece vigente en los tribunales mexicanos.

En enero de 2026, un tribunal de apelación ordenó reponer una audiencia relacionada con uno de los procesos por delitos contra la salud, debido a irregularidades en la valoración de testimonios y pruebas.

La resolución no significó su liberación, ya que el exgobernador enfrenta otros procedimientos penales.

Más recientemente, el 15 de octubre de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una solicitud presentada por Yarrington para atraer un recurso relacionado con un auto de formal prisión por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero. Jornada+1

Un caso que exhibe los presuntos nexos entre política y crimen organizado

Las declaraciones relacionadas con la campaña electoral de 1998 describen un presunto esquema en el que operadores políticos, integrantes de corporaciones policiales y miembros del crimen organizado habrían participado en la entrega de recursos económicos a cambio de compromisos de protección.

El expediente constituye uno de los antecedentes de las investigaciones que durante años han rodeado al exgobernador de Tamaulipas.

Aunque Yarrington ya recibió una condena en Estados Unidos por lavado de dinero, las acusaciones específicas sobre el financiamiento de su campaña y las responsabilidades de otras personas mencionadas deben distinguirse de los hechos acreditados judicialmente.

El caso continúa siendo un referente de las investigaciones sobre las relaciones entre estructuras criminales y grupos políticos en México, así como de los desafíos para esclarecer el origen de los recursos utilizados en las campañas electorales.