Internacionales
Parlamentarios australianos y británicos piden la liberación de Julian Assange

Más de ochenta parlamentarios australianos y británicos pidieron al fiscal general de EU., Merrick B. Garland, que ponga fin al proceso de extradición contra el fundador de WikiLeaks Julian Assange, al cumplirse este martes el cuarto aniversario de su encarcelamiento en el Reino Unido.
Le imploramos que abandone la extradición y permita que el señor Assange retorne a casa”, recalca la carta firmada por 48 legisladores de Australia, oficialistas y opositores, que insisten en que el australiano, de 51 años, publicó “información con evidencias” sobre “crímenes contra la humanidad, corrupción y abusos a los derechos humanos” perpetrados por Estados Unidos en Irak y Afganistán.
Assange, pendiente de que se resuelva el proceso de extradición a Estados Unidos para ser juzgado por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, se encuentra desde el 11 de abril de 2019 en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, al sudeste de Londres, desde que Ecuador le retiró el asilo político y lo expulsó de su embajada en la capital británica.
Los parlamentarios australianos apuntaron que Assange “ha estado efectivamente encarcelado durante bastante más de una década” y sugirieron que se le de un trato similar al de la exanalista de inteligencia del Ejército estadounidense Chelsea Manning, quien “filtró información clasificada” a WikiLeaks, y fue liberada cuando se le conmutó su sentencia a 35 años de prisión en 2017.
“Si se aprueba la solicitud de extradición, los australianos serán testigos de la deportación de uno de nuestros ciudadanos de un socio del AUKUS a otro -nuestro aliado estratégico más cercano”, recalca la carta en alusión al reciente pacto de seguridad que une a Washington, Camberra y Londres.
Asimismo, más de una treintena de legisladores británicos recordaron que 18 cargos que pesan sobre Assange, con una pena de hasta 175 años de prisión, tendría un “escalofriante impacto” en el ejercicio del periodismo y sentaría “un precedente” peligroso para otros periodistas y organizaciones mediáticas.
Assange, quien asegura que las acciones legales en su contra responden a una persecución política de Estados Unidos por el destape de WikiLeaks, está en espera de conocer en cualquier momento la decisión del Tribunal Superior de Londres sobre si el periodista puede recurrir la decisión de junio de 2022 del Ministerio británico del Interior de autorizar su entrega a Washington.
Assange fue detenido inicialmente en 2010, poco después de que WikiLeaks expusiera presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán, a instancias de Suecia, que quería interrogarle por presuntos delitos sexuales de los que nunca fue imputado, en un caso que finalmente se retiró.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.