El Papa Francisco ha tomado la decisión de reabrir el caso de un renombrado sacerdote-artista de la orden jesuita, acusado de abusos sexuales, espirituales y psicológicos a mujeres adultas, eliminando la limitación temporal para presentar denuncias. Según fuentes internacionales, esta medida fue anunciada en medio de un escándalo que involucra al sacerdote Marko Ivan Rupnik, cuyo caso volvió a la atención pública el 26 de octubre cuando una diócesis de Eslovenia reveló que lo había acogido después de su expulsión de la orden jesuita a mediados de año.

Este escándalo ha generado interrogantes sobre si Rupnik recibió un trato favorable de la Santa Sede, particularmente debido a la presencia de un papa jesuita y miembros de esta orden al frente de la oficina encargada de investigar los crímenes sexuales de Rupnik. Inicialmente, esta oficina había decidido no procesar al sacerdote, argumentando que las denuncias en su contra eran demasiado antiguas.

La decisión del Papa se basa en que la comisión de prevención de abusos, creada por Francisco, encontró “problemas graves” en la gestión inicial del caso, en especial la “falta de comunicación con las víctimas”. Esto marca un cambio significativo, ya que las autoridades eclesiásticas previamente se habían negado a considerar a las mujeres que denunciaron a Rupnik como “víctimas”.

Como resultado de esta decisión, el Papa ha solicitado al dicasterio para la Doctrina de la Fe, responsable de casos relacionados con abusos según el derecho canónico, que “revise el caso y levante la prescripción de los delitos para permitir un proceso”. Cabe recordar que Rupnik había sido excomulgado en mayo de 2020 por el Vaticano debido a su conducta, que incluyó absolver a una mujer con la que había mantenido relaciones sexuales en el confesionario, un delito grave según el código legal de la Iglesia Católica.

Sin embargo, cuando surgieron otras nueve denuncias en su contra, algunas de hasta 30 años atrás, la oficina encargada de los crímenes sexuales se negó a eliminar la prescripción. El dicasterio, cuyo fiscal también es jesuita, había decidido no juzgarlo por delitos que no prescriben, como el “falso misticismo”.

La orden jesuita finalmente lo expulsó a mediados de año, después de realizar su propia investigación, concluyendo que las denuncias eran “altamente verosímiles”. No obstante, las restricciones canónicas en vigor les impidieron imponer sanciones más severas. Esta decisión del Papa representa un importante paso en la búsqueda de justicia en este delicado asunto.