La estación de radio 103.9 FM, desde hace 2 años operan con el nombre “La Radio del Sureste Mexicano”, hasta el momento opera de manera irregular, pues no cuenta con los permisos legales ni la concesión para transmitir al aire como lo han venido haciendo.

Ahora sale a la luz que el presidente municipal del Ayuntamiento de Paraíso, Antonio Alejandro Almeida, está por firmar un convenio de publicidad de varios miles de pesos mensuales.

Lo impactante de todo esto es que los dueños de esta estación “pirata” son: Enrique Gutiérrez y Edi Olivé López, quienes además de desempeñarse como “locutores” –sin licencia-, no se conforman con ganar como funcionarios del Ayuntamiento de Paraíso y quieren tener más en sus bolsillos.

Enrique Gutiérrez es un petrolero jubilado, originario de San Luis Potosí, que cobra una jugosa pensión económica de Pemex, sin embargo, por contar con esta estación de radio, el edil Antonio Alejandro Almeida lo contrató para ocupar el puesto de coordinador de Servicios Municipales, donde gana 19 mil pesos quincenales.

Edi Olivé López, quien es un horticultor que opera como “locutor” sin contar con la debida preparación ni licencia para ello, fue contratado por el alcalde para ocupar una coordinación en la Dirección de Desarrollo municipal, ganando también 19 mil pesos quincenal.

Días antes de la firma del contrato, despidieron injustificadamente hace una semana a dos periodistas de profesión que conducían un noticiario en esa estación de radio, cuyo nombre del programa era “Cangrejeando la Noticia”. El motivo del despido fue porque los comunicadores del mencionado noticiario venían señalando los errores de la administración municipal actual de Paraíso, y para poder firmar el convenio de publicidad con dicha estación de radio “pirata” la condición del edil era que despidieran a los titulares del noticiario.

Una vez que despidieron a los comunicadores, procedieron a la firma del convenio de publicidad por varios miles de pesos, sin saber que con ello violan flagrantemente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que prohíbe en su artículo 47, numerales XIII, XVI y XX, que todo servidor público pueda realizar negocios o contratos de ningún tipo con la administración.