Internacionales
Organización pide no politizar la migración irregular en Florida

La sección floridana de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) pidió no “politizar” el tema de la migración ni “dividir aún más” a la población de un estado de EE.UU. que ha prosperado “gracias a las contribuciones realizadas por personas de todo el mundo”.
ACLU Florida emitió una declaración de su directora ejecutiva, Tiffani Lennon, en torno a la decisión del gobernador Ron DeSantis de declarar el estado de emergencia y desplegar la Guardia Nacional a raíz de la llegada de numerosos migrantes cubanos y haitianos por vía marítima a este estado sureño.
“Nuestra democracia funciona mejor cuando las personas que buscan refugio son bienvenidas y protegidas”, subraya la declaración, en la que ACLU critica al gobernador de Florida por su política migratoria y lo acusa de querer “ganar puntos políticos” a costa de personas que “buscan protección contra la violencia y la persecución”.
“A medida que los migrantes llegan a nuestra costa, nuestra prioridad número uno como estado debe ser garantizar que todas las personas estén seguras, saludables, cuidadas y tratadas con humanidad”, dijo Lennon, quien recordó que el asilo es “un derecho humano codificado en el derecho internacional y nacional”.
La directora ejecutiva de ACLU Florida destacó que Florida no puede “dar la espalda” a los solicitantes de asilo.
“Los migrantes y sus familias son una parte integral del tejido de Florida. Nuestro estado tiene una larga historia de recibir migrantes de Cuba, Haití y otros países en busca de seguridad y refugio”, agregó.
En referencia a DeSantis, la directiva de ACLU señaló que “en lugar de politizar el tema, los funcionarios electos deben trabajar con grupos sobre el terreno y ayudar a las organizaciones que han dado un paso adelante para dar la bienvenida y apoyar a los inmigrantes y las personas que buscan asilo”.
En lugar de optar por la división, ACLU instó a los floridanos a unirse en torno al hecho de que “nuestro estado ha prosperado y continúa prosperando gracias a las contribuciones realizadas por personas de todo el mundo”.
“Todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, incluidos los niños y las familias que solicitan asilo. Deberíamos estar uniendo y cuidando a las personas, no dividiéndolas, traumatizándolas y poniéndolas en riesgo”, concluyó.
La masiva llegada de indocumentados en embarcaciones al sur del estado ha causado una crisis humanitaria y obligado a la autoridades a canalizar recursos para atender a más de un millar que llegaron el fin de semana pasado al Parque Nacional Dry Tortuga y los Cayos de Florida, según las autoridades federales.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva que le permite movilizar tropas de la Guardia Nacional y destinar nuevos recursos estatales para enfrentar la ola migratoria que afecta el sur del estado, así como “ayudar a aliviar la presión sobre los recursos locales”.
La orden ejecutiva permitirá al estado “desplegar activos aéreos, incluidos aviones y helicópteros de la Guardia Nacional de Florida”, indica un comunicado de la oficina del gobernador.
El republicano DeSantis argumenta en su orden ejecutiva que, solo en los dos primeros meses del actual año fiscal (comenzó el pasado 1 de octubre), la Patrulla Fronteriza (CBP) ha detenido a más de 460 mil personas intentando entrar al país a través de la frontera del suroeste.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.