Texas, junto con otros diez estados republicanos, ha presentado una demanda contra BlackRock, Vanguard y State Street, acusándolas de conspirar para restringir la producción de carbón y aumentar los precios de la electricidad. Según los demandantes, estas firmas utilizaron su influencia para imponer políticas que favorecen la transición hacia energías verdes, afectando a la competitividad del mercado del carbón.

Los fiscales argumentan que las gestoras actuaron de forma coordinada a través de iniciativas como Climate Action 100+ y Net Zero Asset Managers Initiative para limitar artificialmente la oferta de carbón, incrementando costos energéticos para los estadounidenses. Además, señalan que estas prácticas anticompetitivas violan leyes estatales y federales, al tiempo que engañaron a inversores que buscaban maximizar beneficios sin seguir criterios ESG.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, lidera la demanda y acusa a las empresas de formar un “cártel” que ha perjudicado tanto a la industria energética de Estados Unidos como a los consumidores. Los estados demandantes buscan medidas punitivas e indemnizaciones por los daños causados, además de un juicio con jurado para evaluar las acusaciones.

Este caso intensifica la presión política sobre las inversiones sostenibles, un tema que ya había llevado a gigantes financieros a distanciarse de iniciativas climáticas debido a riesgos reputacionales y regulatorios. BlackRock y State Street han reconocido el escrutinio creciente hacia las prácticas ESG, advirtiendo sobre las implicaciones legales y políticas que estas decisiones pueden generar.