Internacionales
Nicolás Maduro, el líder con más rechazo en AL: IPSOS

Con sólo un 6% de aprobación recibió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convirtiéndose en el mandatario con mayor rechazo en la región, según la más reciente encuesta de IPSOS sobre percepción de gestión gubernamental.
Miguel Díaz-Canel de Cuba, Jair Bolsonaro de Brasil y Nicolás Maduro de Venezuela, son los tres presidentes peor valorados en América Latina, según la firma IPSOS. Sin embargo, el mandatario venezolano es el único que obtuvo sólo un dígito de aceptación: 6 por ciento.
En el otro extremo, figuran Luis Lacalle Pou de Uruguay, Sebastián Piñera de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador. ¿Qué variables pesaron más para medir su aceptación popular? El manejo de la pandemia y la vacunación.
Si bien las encuestas de opinión son un termómetro político importante en cualquier democracia sana, para un presidente como el que habita Miraflores, de acuerdo con expertos, los estudios de mercado no son prioridad.
Desde su llegada a la presidencia en 2013, y aún hoy día, analistas sociales coinciden en afirmar que Maduro no goza de un piso político estable, sino que depende de mantener vivo el recuerdo de quien fuera su mentor.
Ahora, con la cercanía de las elecciones regionales, y con una popularidad cuestionable, cualquier ficha del tablero es válida, incluso la que represente una propuesta de reconciliación.
Es la nueva oferta extendida a la oposición venezolana que, a pesar de no haber sido medida en la encuesta de IPSOS, de acuerdo con expertos, su líder principal sigue sin aglutinar afectos.
Pero en algo sí que Venezuela no quedó en el último lugar… en el ránking de aprobación del manejo de la crisis de COVID-19, Maduro fue superado por su homólogo Bolsonaro, siendo estos dos países, Brasil y Venezuela, los únicos calificados con un puntaje que no llega al 10%.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.