Internacionales
Mujer se declara culpable de quemar y ocultar un feto tras abortarlo

Una mujer de Nebraska se ha declarado culpable de quemar y ocultar un feto después de tomar medicamentos para interrumpir su embarazo, mientras los fiscales continúan con un caso penal que acusa a su madre de ayudar ilegalmente en el aborto.
Celeste Burgess dio a luz al feto muerto cuando tenía 17 años y aproximadamente 29 semanas y cinco días de embarazo. A pesar de su edad, los fiscales la acusaron como adulta. Ahora, con 18 años, Burgess se ha declarado culpable de un delito grave de ocultar o abandonar un cadáver, y los fiscales han retirado dos cargos menores. El feto fue encontrado enterrado en un campo al norte de Norfolk, Nebraska.
Por su parte, Jessica Burgess, madre de Celeste de 42 años, está acusada de ayudar ilegalmente en el aborto durante la primavera pasada. El fiscal involucrado afirmó que nunca antes había presentado cargos por violar el límite de 20 semanas para el aborto en Nebraska, establecido en 2010. El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, firmó una ley el lunes que prohíbe el aborto a las 12 semanas, la cual entró en efecto de inmediato.
El caso contra madre e hija se basa, en parte, en los mensajes de Facebook que intercambiaron sobre su plan para obtener el medicamento y luego quemar al feto. Jessica Burgess se ha declarado inocente y se espera que regrese a la corte el 7 de julio para una audiencia previa al juicio. Su abogado no ha respondido a los mensajes hasta el momento.
Según los documentos judiciales, en los mensajes entre madre e hija, Celeste expresó su impaciencia por “sacar la ‘cosa’ de su cuerpo” y mencionó que finalmente podría usar jeans. Por su parte, Jessica informó a su hija que obtuvo las píldoras y le dio instrucciones sobre cómo interrumpir el embarazo. En el verano pasado, un hombre se declaró culpable de un delito menor por ayudar a enterrar el feto.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.