Nacionales
México recupera más de mil concesiones mineras; 250 mil hectáreas estaban en áreas naturales protegidas
La Secretaría de Economía (SE) informó que el Gobierno de México ha recuperado mil 126 concesiones mineras que abarcan un total de 889 mil 502 hectáreas, como parte de la política de revisión y ordenamiento del sector extractivo en el país.
José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE, destacó que una parte significativa del territorio recuperado corresponde a zonas ambientalmente protegidas. “Dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250 mil hectáreas en áreas naturales protegidas”, subrayó.
El funcionario explicó que la mayoría de las cancelaciones se han derivado de incumplimientos legales por parte de los concesionarios. Precisó que la ley contempla la revocación de concesiones cuando existen atrasos prolongados en las obligaciones, entre ellas la presentación de informes técnicos necesarios para comprobar la actividad en los proyectos mineros.
Además de las revocaciones, indicó que también se han registrado devoluciones voluntarias por parte de empresas, como resultado del diálogo establecido con la industria minera.
En cuanto a la distribución geográfica, Aboitiz Saro señaló que el proceso de cancelación se ha llevado a cabo prácticamente en todo el país, con excepción de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, estados del sureste donde, afirmó, prácticamente no existe actividad minera.
Finalmente, detalló que las mayores reducciones de concesiones se concentran en entidades con tradición minera como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco, donde se ha registrado el mayor número de cancelaciones.
Nacionales
ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.
De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.
Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.
Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.






