• Al dictar la conferencia Derechos de las personas mayores, el presidente del tribunal colegiado en materia civil, expone necesidad de garantizar acceso a la justicia a este sector poblacional
• Tengo una impresión excelente de la administración de justicia en Tabasco, afirma Jorge Arturo Porras Gutiérrez

Al reconocer que en México cambió la visión que se tenía de los abuelos y el
respeto a las personas mayores como fuente de sabiduría, el presidente del
tribunal colegiado en materia civil del décimo circuito, Jorge Arturo Porras
Gutiérrez, recomendó a los juzgadores locales de Tabasco garantizar el acceso
a la justicia de las personas vulnerables, sin actuar al margen de la ley, y
procurar la comunicación efectiva mediante sus sentencias.

“Hay cosas que hay que ir eliminando de nuestro lenguaje, para que no
se diga que el Poder Judicial se cuece aparte: porque cada una de nuestras
sentencias es criticada, diariamente somos evaluados por quienes acuden a
nuestros tribunales, a nuestros juzgados”, comentó al dictar la conferencia
Derechos de las personas mayores, a jueces del Tribunal Superior de Justicia.

Convocado por la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos
de la institución, el magistrado Porras Gutiérrez planteó la necesidad de ser
cuidadosos de los plazos procesales, para dar celeridad a los juicios, y “que el
justiciable reciba la justicia en vida”, e indicó que las normas jurídicas deben
interpretarse de la forma más benéfica para el adulto mayor.

Señaló que en la entidad no ha conocido de “retardos groseros que
impliquen la paralización de la justicia”, tal como recomienda evitar la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y destacó
los aportes de la legislación estatal en materia civil en la que la carga dinámica
de la prueba recae en quien tiene mayores posibilidades de aportarla.

Tengo una impresión excelente de Tabasco en cuanto a la impartición
de justicia, veo una preocupación de las autoridades judiciales del estado por
cuidar a los grupos vulnerables, esto es, menores, mujeres y los adultos
mayores, subrayó , y expresó su confianza en que pase de la misma manera
con los integrantes de comunidades indígenas.

El ex juez de distrito, quien ha laborado en su natal Guanajuato,
Guerrero, Estado de México, Veracruz y Tabasco, manifestó que
desafortunadamente en el país ya no tenemos la cultura de respeto a los
ancianos. “Hemos visto en los juicios como ocurre esta situación de despojo
para con los adultos. Antes el respeto lo teníamos muy arraigado”, aseveró al
narrar su experiencia personal pues todavía le tocó cooperar para la
manutención y salud de su abuelita y en ese ejemplo trata de educar a sus
hijos.

Porras Gutiérrez exhortó a los juzgadores cuidar el desarrollo de los
juicios de interdicción, y evitar el abuso mental de los adultos mayores, “lo
que ocurre frecuentemente cuando tienen dinero. Sus hijos buscan un estado
de interdicción para quedarse con los recursos y se desentienden de su aseo,
alimentación y los someten a violencia familiar”.

Explicó que de acuerdo a las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que se diera conocer
durante la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, la protección de estas
personas alcanza hasta sus descendientes.
Ejemplificó que si se demanda la revocación de una donación que
hiciera un senecto la protección lo alcanza incluso después de muerto con la
protección de su herencia y se beneficia a los herederos del anciano.

NECESARIO PONDERAR LOS CASOS

El presidente del tribunal colegiado en materia civil mencionó que por el solo
hecho de ser menores de edad los infantes son considerados vulnerables, no
obstante este principio no aplica en automático para los adultos mayores
–aquellos que rebasan los 60 años–, en cuyo caso debe demostrarse
indefensión física, mental o económica.

La vulnerabilidad no implica vulnerar el equilibrio procesal, lo que a la
postre puede dar como resultado la reposición de un juicio ante un amparo de la justicia federal. “La autoridad no puede declarar procedente lo
improcedente ni actuar al margen de la ley, simplemente por el hecho de la
edad”, apuntó.

Y citó como ejemplo de que no se puede tasar a todos los adultos por
igual con su experiencia como miembro del Poder Judicial federal en una
audiencia en la que participaba el ex candidato presidencial Diego Fernández
de Cevallos, actualmente de 78 años.

“Los adultos mayores deben tener una defensa adecuada, no sólo como
demandados sino también como actores en un juicio. Bajo este principio si
llega Diego Fernández de Cevallos y esgrime (el requerimiento de ventajas en
un juicio) por ser adulto mayor no podemos aceptarlo. Lo ví litigar y tiene
mucha agilidad mental. Si nos dejamos, nos come a los jueces”, dijo.

Observó que conforme a los artículos 25, de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y 17 del protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, los adultos
mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección del
Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de
dependencia familiar, discriminación e, incluso, abandono.

Agregó que los ancianos son vulnerables porque en un alto porcentaje
son sujetos de desempleo o de condiciones precarias de trabajo y sufren, muy
frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los
convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso
social hacia ellos.

Precisó que en materia de administración de justicia
desafortunadamente se enfrenta el problema de que no siempre se pueden
tramitar los juicios con la celeridad que marca la ley y en el caso de los
adultos mayores esto se hace más dramático porque si los juzgadores no ponen
más cuidado en que la impartición de justicia se haga dentro de los plazos
legales, precisamente por la etapa delicada de su vida en la que se encuentran,
se torna apremiante resolver las controversias en las que ellos participan.