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La Internacional Villahermosa

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Los propuestos por Trump para su gabinete enfrentan numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada

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Donald Trump y varios de sus nominados para altos cargos de gobierno en su segundo mandato enfrentan acusaciones de conducta sexual inapropiada. Aunque el presidente electo y sus designados niegan las acusaciones, estas incluyen incidentes que van desde abuso sexual hasta tráfico sexual, según diversos informes y demandas.

Entre los casos más destacados está el de Trump, quien fue hallado responsable de abuso sexual y difamación en 2022 tras la denuncia de E. Jean Carroll. Además, figuras como Pete Hegseth, nominado para secretario de Defensa, enfrentan denuncias de agresión sexual, aunque su defensa alega que las acusaciones han sido investigadas y descartadas.

Otro nominado, Robert F. Kennedy Jr., admitió haber manoseado a una empleada en los años 90, aunque ha tratado de minimizar el incidente. Linda McMahon, seleccionada para secretaria de Educación, enfrenta una demanda relacionada con la explotación sexual infantil ocurrida en la WWE bajo su liderazgo. Su defensa afirma que las acusaciones son infundadas y que las investigaciones previas no hallaron irregularidades.

Elon Musk, propuesto para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, fue acusado de conducta inapropiada por una azafata de SpaceX en 2016. Aunque SpaceX pagó una indemnización en 2018, Musk ha negado rotundamente las acusaciones, atribuyéndolas a ataques políticos. Por su parte, Matt Gaetz, inicialmente considerado para secretario de Justicia, se retiró tras investigaciones por tráfico sexual.

Estas acusaciones, en conjunto, han generado un intenso escrutinio público sobre los nominados de Trump y su historial. Aunque algunos casos han sido descartados por las autoridades, otros continúan en disputa legal, subrayando las controversias que rodean al presidente electo y su gabinete.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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