El gobierno de Jaime Bonilla Valdez en Baja California BC, es una de las empresas a la que le “congelaron” las cuentas, a raíz de las investigaciones sobre el ex secretario de Seguridad Pública federal, está vinculada al recién designado Oficial Mayor del gobierno bajacaliforniano.

Se trata de Grupo Gasmart, que de acuerdo con funcionarios cercanos a las indagatorias fue utilizada como “puente” para triangular los recursos que pararon a una empresa propiedad de García Luna y su familia. 

Indagación hecha por Animal Político, de 2008 a la fecha Gasmart ha solicitado 23 préstamos bancarios por 1,431 millones de pesos 75.5 millones de dólares, el último de ellos se formalizó el 4 de julio de 2019, el mismo día que el actual Oficial Mayor bajacaliforniano dejó su curul como diputado local en BC para ceder su lugar a Víctor Manuel Morán, quien 4 días más tarde, el 8 de julio, presentó la llamada “Ley Bonilla” en el Congreso de BC. 

Dicho préstamo de “apertura de crédito simple con garantía hipotecaria” fue por 226 millones de pesos y fue solicitado por la empresa Apoyos y Suministros Comerciales e Industriales S.A. de C.V., una de las empresas vinculadas al grupo gasolinero Gasmart.

En el caso de los 23 préstamos bancarios se encuentran como obligados solidarios Héctor Mares Cossío, Alberto Ignacio Uribe Maytorena y Alberto Alejandro Uribe Herrera, este último director general de Gasmart. Aparte, aparecen una serie de compañías gasolineras vinculadas al grupo, que desde 2015 es investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE, por la presunta comisión de prácticas monopólicas en el noroeste de México.