Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P) han descartado una degradación inmediata de la calificación crediticia de México tras la aprobación de la reforma judicial y otras propuestas del Plan C de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ambas agencias están evaluando un posible cambio de perspectiva, el cual podría pasar de estable a negativa, especialmente por el impacto potencial en la autonomía del Poder Judicial. Fitch mantiene una calificación BBB-, la más baja de las agencias, mientras que S&P conserva una calificación de BBB, ambas con perspectiva estable.

Gerardo Carrillo, director regional de Fitch para América Latina, mencionó que aunque las finanzas externas de México son sólidas, la reforma judicial podría afectar el perfil institucional del país. Sin embargo, considera que es prematuro medir con precisión el impacto de esta medida. Asimismo, se espera que Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, mantenga políticas fiscales y monetarias prudentes, lo que ayudaría a contener desequilibrios macroeconómicos.

Por otro lado, Omar De la Torre, analista de S&P, señaló que la agencia observará de cerca si la reforma judicial afecta las inversiones y las cuentas fiscales del país. Si el déficit no se reduce y la deuda supera el 50% del PIB, la agencia podría tomar una acción negativa sobre la calificación. No obstante, confía en que el nuevo gobierno mantenga una gestión macroeconómica cautelosa.

Ambas agencias destacaron que el grado de inversión de México no está en riesgo inmediato, pero el desarrollo de estas reformas será crucial para determinar la estabilidad a largo plazo de la calificación crediticia. Los analistas continuarán monitoreando la situación fiscal y el comportamiento de las inversiones en el país.

El panorama de México sigue siendo uno de cautela y expectativa, con las agencias calificadoras prestando especial atención a la implementación de las reformas judiciales y su impacto en la estabilidad económica e institucional.