Nacionales
La prohibición de vapeadores por decreto fortaleció el mercado negro
La prohibición de vapeadores en México ha permitido al crimen organizado dominar su venta ilegal, generando ingresos anuales de 5 mil millones de pesos. Expertos advierten que esta medida fortalece a cárteles como los Chapitos, CJNG y Unión Tepito, quienes utilizan redes de contrabando para distribuir productos nocivos.
Óscar Balmen, especialista en seguridad, señala que los vapeadores ilícitos son populares entre jóvenes por ser accesibles y estar asociados a modas, pero contienen sustancias peligrosas como plomo y mercurio. La doctora Guadalupe Ponciano agrega que estos productos, sin regulación, pueden causar graves daños a la salud, como neumonía grasa.
Ambos expertos coinciden en que la regulación efectiva es clave para reducir el mercado negro. Proponen crear normas oficiales para supervisar los contenidos de los vapeadores, similar al modelo aplicado exitosamente al tabaco y alcohol en México, y así limitar el control del crimen organizado sobre este lucrativo negocio.
Regulación sanitaria y fiscalización adecuada no solo protegerían la salud pública, sino que también disminuirían los ingresos del narcotráfico, afectando su capacidad de financiar actividades delictivas. Prohibir sin estrategias integrales solo perpetúa problemas sociales y económicos.
Nacionales
Juez ordena a Ejército mexicano entregar información de inteligencia sobre Ayotzinapa
Un juzgado federal ordenó al Ejército entregar la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) con sede en Iguala, Guerrero, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
En un comunicado, organizaciones civiles informaron que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México resolvió el 19 de febrero de 2026 el juicio de amparo 1350/2023 y determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) debe entregar todos los documentos elaborados ese año por el CFRI “Centro”, así como por otras instancias militares de inteligencia.
En su fallo, el juez estimó que existe una brecha aproximada de 853 folios que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.
Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos presentaron una demanda en agosto de 2023, en la que reclamaron la omisión de autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, en presunto incumplimiento del decreto presidencial emitido en 2018 que obliga a dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Las familias señalaron la responsabilidad de Defensa, en particular de sus áreas de inteligencia, por el ocultamiento de documentos cuya existencia fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que planea reunirse con los padres de los desaparecidos después del 26 de marzo, afirmando que hay detenciones importantes sobre el caso, pero que le corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre los avances en la investigación.






