Nacionales
La comunidad Wixárika denuncia la desaparición de cuatro integrantes e inician un plantón en Jalisco
La comunidad Wixárika de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, Jalisco, denunció la desaparición de cuatro de sus integrantes, quienes presuntamente fueron privados de su libertad el 30 de septiembre. Las personas desaparecidas son Olivia Parra Parra, José Ángel Bautista Robles, Salvador Parra López y Helionso Muñoz Díaz. La comunidad exige su localización y ha lanzado un llamado urgente a las autoridades.
Para presionar por su búsqueda, los pobladores iniciaron un plantón en el sitio conocido como Las Cabezas, manifestando su preocupación por la creciente inseguridad en la región. Advirtieron que mantendrán la protesta hasta recibir noticias y responsabilizaron a los gobiernos de los tres niveles por cualquier omisión. Aclararon que su comunidad es pacífica y ajena a los conflictos del crimen organizado.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) inició una investigación sobre la desaparición, trabajando en coordinación con autoridades estatales y federales. Aunque no ha recibido quejas formales, la CEDHJ sigue de cerca el caso y ha mantenido comunicación constante con las autoridades tradicionales Wixárikas para apoyar en la localización de los desaparecidos.
Nacionales
Topo Chico evita juicio tras acuerdo con Hacienda por más de 2 mil 500 millones de pesos
La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.
Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.
Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.
El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.





