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La Internacional Villahermosa

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Justicia británica solicita garantías a EE. UU. antes de decidir sobre la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks

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La justicia británica pospuso este martes su veredicto sobre si otorga a Julian Assange un último recurso contra su extradición a Estados Unidos, solicitando a Washington más “garantías” sobre el tratamiento que recibiría el fundador de WikiLeaks.

Los jueces de la Alta Corte de Londres otorgaron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses, que buscan juzgar al australiano de 52 años por la filtración masiva de documentos confidenciales.

Con esta solicitud, se pretende asegurar que en Estados Unidos, Julian Assange tendrá protección bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que salvaguarda la libertad de expresión, y que no será sentenciado a la pena de muerte, según un resumen del fallo.

En ausencia de estas garantías dentro del plazo establecido, Assange podrá apelar su extradición, aprobada en junio de 2022 por el gobierno británico, decidieron los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson.

En caso de que se presenten las garantías requeridas, se programará una nueva audiencia para el 20 de mayo. En esta ocasión, los jueces evaluarán si dichas garantías son satisfactorias y si Assange puede ejercer un último recurso contra su extradición.

En el caso de un fallo desfavorable, Assange solo podrá recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para suspender la extradición, pero los plazos son ajustados.

Assange enfrenta una posible condena de hasta 175 años de prisión por la divulgación, desde 2010, de más de 700 mil documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, especialmente en Irak y Afganistán.

Entre estos documentos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007.

Assange fue arrestado por la policía británica en 2019 después de pasar siete años en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia en relación con una investigación por violación, la cual fue desestimada en 2019.

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El Ministerio de Salud de Perú clasifica la transexualidad y la identidad de género como una enfermedad mental

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El Ministerio de Salud de Perú ha causado controversia al mantener un decreto que clasifica la transexualidad como un trastorno mental. Esta decisión ha provocado fuertes protestas de colectivos LGBTQ+ y organizaciones como Human Rights Watch (HRW), quienes consideran el decreto sesgado y desactualizado, fomentando la discriminación y la violencia.

Pese a las manifestaciones y las críticas, el gobierno peruano ha defendido la vigencia del decreto, argumentando que su anulación impediría a los afiliados del sistema de salud acceder a servicios de salud mental. Carlos Alvarado, del Ministerio de Salud, señaló que el objetivo es mejorar la atención en salud mental, aunque se utilice una clasificación de la OMS que ya no está en uso.

La comunidad LGBT y sus defensores continúan exigiendo la derogación del decreto, advirtiendo sobre las “graves consecuencias” que podría tener, incluyendo la promoción de prácticas inhumanas como las terapias de conversión. La situación en Perú subraya la necesidad urgente de actualizar las políticas de salud para reflejar el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas LGBTQ+

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