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Juez otorga primera suspensión general a la Ley Minera
Este miércoles, un juez federal de la Ciudad de México le concedió a la empresa Cobre del Mayo una suspensión provisional contra todos los efectos de la Reforma Minera aprobada por el Congreso de la Unión a finales abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo.
Esta es la primera suspensión que otorga un juez contra todos los efectos de reforma. Anteriormente, tan solo se había concedido la medida cautelar contra el artículo quinto transitorio de la ley.
“Se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que no se le aplique ninguna de las disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua”, determinó el fallo de Gabriel Regis, el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa.
Esta resolución viene en medio de una ola de amparos en contra de las reformas al sector minero. Tan solo entre el lunes y martes pasado, jueces federales de la Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Sonora y Chihuahua recibieron al menos 53 demandas de amparo para impugnar las modificaciones aprobadas, según información de Vanguardia.
Las empresas argumentan que la Reforma Minera fue aprobada en fast track el 28 de abril en el Senado de la República, por lo que hay violaciones al debido proceso legislativo.
En una sede alterna, la Cámara Alta avaló las reformas para regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería, y así recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos de la nación.
Mientras que la ley anterior otorgaba las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga, la nueva legislación reduce a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar. No obstante, suaviza las expectativas del proyecto original impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que preveía solo 15.
También prohíbe la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
Por último, permite que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.
“Esta nueva ley aplicaría para las nuevas concesiones. Ya ni siquiera es para lo que las que ya estaban”, declaró el jueves 4 de mayo el López Obrador durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Nacionales
Ana Patricia Peralta niega investigación federal y asegura tener vigente su visa de EU
La presidenta municipal con licencia de Benito Juárez, Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña, rechazó los señalamientos que apuntan a una presunta investigación federal en su contra por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como la versión de que le habría sido retirada la visa de Estados Unidos.
La alcaldesa de Morena, quien actualmente cuenta con licencia para participar en el proceso interno por la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, fue cuestionada en Chetumal luego de que se difundiera información en la que también se señalaba a su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y a su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.
Peralta de la Peña aseguró que ni ella ni sus familiares enfrentan alguna situación relacionada con las autoridades estadounidenses y afirmó que no ha recibido ninguna notificación sobre una investigación en su contra.
Posteriormente, a través de Instagram, reiteró que la información difundida sobre ella y su familia es falsa y sostuvo que su documentación se encuentra en regla, incluida su visa estadounidense, la cual aseguró que continúa vigente.
Los señalamientos, difundidos por El Financiero, relacionan a la exintegrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con presuntos actos de desvío de recursos públicos, operaciones con una organización criminal y contrabando de hidrocarburos.
Ante estas acusaciones, la funcionaria negó categóricamente cualquier vínculo con dichas actividades.





