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La Internacional Villahermosa

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INE alista mega multas contra Morena por mal uso de campañas electorales

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FOTO: Internet.

El Instituto Nacional Electoral (INE) alista sanciones por mil 203 millones 653 mil 511 pesos, sólo por el mal uso de recursos en campañas electorales del proceso electoral 2020-2021, lo que representa un aumento del 38% respecto de la elección presidencial de 2018, cuando el órgano fijó multas por 872 millones de pesos. A este monto falta sumar las multas por quejas de fiscalización.

De acuerdo con los dictámenes de la Comisión de Fiscalización que este jueves discutirá y votará el pleno del Consejo General del INE, en poder de El Heraldo de México, los partidos más sancionados por mal uso de sus recursos de campaña son Morena por 373 millones 110 mil pesos, Fuerza por México, por 102 millones 975 mil pesos y Redes Sociales Progresistas, por 100 millones 913 mil pesos, estos dos últimos, se trató de su primera elección y no alcanzaron el porcentaje de votos requerido por lo que está en vilo su registro.

En cuarto lugar aparece el PRI, con 93 millones 728 mil pesos; le siguen el PAN, con 88 millones 467 mil pesos; el PT con 85 millones 955 mil pesos; el PVEM, con 84 millones 538 mil pesos, MC por 73 millones 198 mil pesos, Encuentro Solidario por 55 millones 86 mil pesos, y el PRD por 42 millones 843 mil pesos, eso sólo de partidos políticos que suman mil 100 millones 816 mil pesos.

A los partidos políticos locales se les multará con una suma total de 96 millones 832 mil pesos y a los candidatos independientes con seis millones de pesos.

Tan sólo la multa a los partidos políticos nacionales asciende a 176 millones 53 mil pesos; a las coaliciones Juntos Haremos Historia y Vamos por México, 34 millones 109 mil pesos, en total 210 millones 130 mil pesos solo en el ámbito federal.

En el ámbito local, el INE prevé para los partidos políticos sanciones por 706 millones 549 mil pesos; y a las coaliciones locales 286 millones 940 mil pesos, que en suma dan un total de 993 millones 490 mil pesos.

En la sesión de este jueves, el Consejo General del INE discutirá y votará cerca de 71 proyectos de resolución referentes a las irregularidades encontradas en los dictámenes de consolidados derivado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a los cargos de gubernatura, diputaciones locales y federales, ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral 2020-2021.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE es la encargada de las investigaciones sobre los gastos de campaña presentados por partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben por cualquier tipo de financiamiento.

Los partidos y candidatos deben reportar en tiempo real sus operaciones de ingresos y gastos desde el momento en que ocurren y hasta tres días después de que las operaciones son efectuadas.

En cuanto a las multas por quejas de fiscalización, la semana pasada el Consejo General del INE avanzó en la fiscalización de las campañas, resolvió 176 procedimientos en contra de partidos políticos nacionales, de los cuales 15 fueron fundados.

Sin embargo, de acuerdo a fuentes consultadas por este medio, el monto total de sanciones económicas por quejas de fiscalización, que se dará a conocer en la sesión de este jueves, se prevé sea de cerca de 400 millones de pesos, entre ellas los 40 millones de pesos que serán impuestos al PVEM por la campaña en plena veda electoral a través de influencers.

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Demandan ex trabajadores del IMSS devolución de sus ahorros confiscados

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Ex trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han iniciado acciones legales para reclamar el pago de sus afores, los cuales alegan les fueron retirados por el gobierno federal de sus cuentas personales. Aunque 150 personas han procedido legalmente, en total 500 ex empleados se ven afectados en Tabasco.

En una conferencia de prensa, miembros del movimiento “Jubilados en Pie de Lucha del IMSS” denunciaron que el gobierno federal actuó de manera indebida al manipular administrativamente sus ahorros y confiscarlos.

William Lara Sosa, líder del movimiento a nivel nacional, señaló que estos fondos de retiro deberían haberse entregado al momento de la jubilación o pensión, según lo estipulado en el plan de pensiones. Sin embargo, fueron transferidos al gobierno federal, y ahora demandan que se les devuelva conforme a sus derechos.

Acompañado por María de Jesús Almeida García, coordinadora estatal del movimiento de jubilados, Lara destacó que estas prestaciones son autónomas e incompatibles, y que los demandantes son adultos mayores, lo que los hace vulnerables y protegidos por la constitución.

En su intervención, María de Jesús Almeida indicó que, de no recibir una respuesta satisfactoria, llevarán su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que son adultos mayores y están amparados por la ley.

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