• Se efectuó el primer Conversatorio Penal de Magistrados y Jueces; es un instrumento de comunicación entre juzgadores, indica el magistrado Gregorio Romero Tequextle
• Se expusieron temas como inmediación, apelación adhesiva, valoración probatoria de mensajes extraídos en redes sociales, y alcances de la ejecución de las sentencias de amparo

Para analizar temas que atienden con mayor recurrencia juzgadores del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se llevó a cabo el primer Conversatorio
Penal de Magistrados y Jueces, en el ánimo de promover la homologación de
criterios que ayuden a resolver con mayor atingencia los juicios en los que se
dé a cada parte lo que por ley le corresponde.

En representación del titular del Tribunal Superior de Justicia, Enrique
Priego Oropeza, el presidente de la primera sala penal, Gregorio Romero
Tequextle, señaló que este tipo de conversatorios son un instrumento esencial
para la comunicación entre jueces y magistrados, para analizar y homologar
criterios que permitan impartir justicia de mejor manera.

Romero Tequextle explicó que la idea del encuentro es que magistrados
y jueces debatieran con respeto, en un plano de igualdad, como profesionales
del Derecho que son.

Aseguró que el pasado permite avanzar en el presente y hacia futuro, y
recordó que cuando el licenciado Manuel Antonio Zurita Oropeza fue
procurador de Justicia, en la década de los 80, se realizaba este tipo de
encuentros con agentes del Ministerio Público y subprocuradores de Justicia.

El entonces procurador de Justicia, quien hasta su fallecimiento fuera
notario número 4, de Villahermosa, sostenía que cuando se habla de Derecho
no hay jerarquías, todos saben, todos tienen qué decir y todos pueden tener la

razón. Esto permitió homologar criterios para hacer mejor las cosas en el
ámbito de la procuración de justicia en ese tiempo, manifestó el magistrado
Romero Tequextle.

Agregó que este primer conversatorio será la base para la realización de
otros donde también participen jueces y magistrados especializados en el
Derecho civil, así como juzgadores federales, para escuchar sus puntos de
vista y se entiendan mejor algunas interpretaciones jurídicas en aras de brindar
un servicio expedito y completo a la ciudadanía.

En este primer encuentro se abordaron los temas Inmediación en la
audiencia inicial, a cargo de la magistrada Guadalupe Pérez Ramírez;
Apelación adhesiva, por el magistrado Dorilián Moscoso López; Valoración
probatoria de los mensajes extraídos en redes sociales, analizado por el
magistrado Samuel Ramos Torres, y Los alcances de la ejecución de las
sentencias de amparo en cuanto a la valoración de prueba, que expuso la
magistrada Rosa Isela Gómez Vázquez.

El director del Centro de Especialización Judicial, Pedro Haddad
Bernat, indicó que este primer encuentro proyecta la unión de la Judicatura
que brinda certeza al ciudadano sobre cómo se mantiene activa, actualiza sus
conocimientos y se organiza internamente, para lograr criterios propios que le
ayuden a decidir mejor, lo que es constitutivo de su independencia e
imparcialidad.

El magistrado Samuel Ramos Torres afirmó que los mensajes extraídos
de redes sociales son confiables como datos de prueba, los cuales pueden
presentarse en un juicio si se saben extraer o manejar y aunque la Fiscalía
General del Estado cuenta con peritos que validan la información, el Poder
Judicial podría contar con estos especialistas.

Comentó que de acuerdo a la Unidad de Investigación de Delitos
Informáticos de la Fiscalía General hay muy poco margen de error para
obtener o extraer mensajes y conversaciones de las redes sociales que pueden
servir como elementos de prueba.

Observó que organismos internacionales se han colocado en medio del
bombardeo de lo que está sucediendo en las redes y la información que se
maneja, controlan los contenidos de cualquier red, principalmente donde hay
menores de edad y estos organismos pueden dar la facilidades para que una
institución judicial o el órgano investigador acceda a ellos, a través de
metadatos y hash que arrojan si son auténticos o manipulados.

Con estricto respeto a las leyes, se pueden obtener mediante mandato
judicial conversaciones, llamadas, textos, imágenes, videos e, incluso en el
caso de los teléfonos, a través del IMEI se puede saber cuántos chips se
colocaron o utilizaron. Además, es posible localizar los lugares dónde han
estado estos dispositivos móviles a través de las coordenadas e incluso
reconocer voces, apuntó.

El magistrado Ramos Torres puntualizó que todos estos datos deben
obtenerse de manera legal, debe acreditarse su autenticidad y respetar la
cadena de custodia para agregarlos a una carpeta de investigación. Ya en sede
judicial, dijo, el juez debe permitir la exposición de estos datos de forma libre
a través de diapositivas, audiovisuales e incluso un pintarrón.

De acuerdo a la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos, de los
42 asuntos que la Fiscalía estatal ha documentado principalmente de fraude,
solamente una vez se ha concretado un juicio oral.

Aseveró que en el caso de las tecnologías no necesariamente se debe
acreditar la propiedad, únicamente la posesión, ya que hay maneras sobre
cómo dar con la persona que está usando la tableta, el teléfono o las
computadoras a las que se puede dar seguimiento a través de claves, usuarios
y conversaciones que contienen. Ramos Torres consideró se debe abrir el
panorama porque hay nuevas maneras de desahogar pruebas.

La Comisión de Criterios Jurídicos, integrada por los magistrados
Eduardo Antonio Méndez Gómez, Lorenzo Justiniano Traconis Chacón y
Lorena Concepción Gómez González, así como el Comité de Compilación
tomaron nota de los temas analizados y de resultar procedentes emitirán los
criterios correspondientes.