La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó en el Paquete Económico 2026 una propuesta que ha generado gran debate: aplicar un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8% a los videojuegos violentos.

La medida busca desincentivar el consumo de este tipo de contenidos, al considerar que pueden tener efectos negativos en la población adolescente, como conductas agresivas, aislamiento o ansiedad. El gravamen se aplicaría bajo la modalidad ad valorem, es decir, calculado según el valor del servicio o producto.

El impuesto cubriría tanto las ventas físicas de videojuegos como los servicios digitales, incluyendo descargas, suscripciones y contenido adicional, sin importar si la empresa que los ofrece tiene sede en México o en el extranjero.

De acuerdo con la SHCP, esta política no pretende prohibir el acceso a los videojuegos, sino regular y generar ingresos públicos que serían destinados a programas de salud y bienestar social. Se estima que tan solo esta medida podría recaudar alrededor de 183 millones de pesos en su primer año de aplicación.

El anuncio ha generado opiniones divididas: mientras algunos sectores ven positivo el enfoque de salud pública, la industria de los videojuegos y los usuarios temen un aumento de precios que afecte directamente a los consumidores y al mercado digital en el país.

El proyecto deberá ser discutido y aprobado por el Congreso en los próximos meses, como parte de la revisión integral del Paquete Económico 2026.