Tabasco se sumó a la lucha contra la evasión fiscal, luego de que este jueves el gobernador Adán Augusto López Hernández y el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, suscribieron un acuerdo de colaboración para atacar con todo el rigor de la ley a los delincuentes fiscales y financieros.

El mandatario estatal y el titular de la SHCP recorrieron además el sitio donde se construye la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, un proyecto que lleva implícito una serie de infraestructura adicional en materia de aduanas, así como el libramiento de Paraíso.

Arturo Herrera subrayó que gracias la construcción de la refinería y otras inversiones federales que están en marcha en la entidad, “el empleo creció a tal nivel, que Tabasco es el segundo Estado en la República que logró recuperar la totalidad de los empleos que se perdieron debido a la pandemia de COVID-19”.

Esta entidad, de acuerdo con los indicadores más recientes del Inegi, no solamente recuperó todos los empleos perdidos, sino que incluso “tiene un poquitito más” de los empleos formales”, acentuó el secretario de Hacienda, quien durante su estancia en el Estado también supervisó el proyecto de rehabilitación integral del malecón “Carlos A. Madrazo”.

El funcionario remarcó que las obras financiadas por el Gobierno Federal, por su carácter estratégico, tienen un significado especial para Tabasco, pero también para el país y explicó que si bien es importante conocer hacia dónde va el gasto público, tampoco hay que olvidar “que ese gasto tiene que ser financiado, a través de diversos mecanismos”.

Arturo Herrera valoró el Convenio Específico de Adhesión en Materia de Investigación de Hechos Relacionados con la Probable Comisión de Delitos Fiscales y Financieros firmado con el Gobierno Estatal, porque constituye un mecanismo para estrechar lazos, ser más eficientes en la recaudación, combatir la evasión fiscal y fortalecer las finanzas públicas de la entidad.

Herrera Gutiérrez resaltó que los recursos que se logren obtener, a través de la ejecución del convenio, serán dirigidos a las arcas de Tabasco para beneficio de las instituciones, sus ciudadanos y más proyectos de infraestructura.

Entre las acciones que podrían ser apoyadas durante 2021 en el Estado, el titular de la SHCP resaltó la construcción del Centro de Alto Rendimiento en Ajedrez –uno de los seis que se desarrollarán en el país–, así como la contratación del personal médico y sanitario que requerirá el nuevo hospital del ISSSTE, el cual está prácticamente terminado.

“ALIADO DE TABASCO”

El gobernador Adán Augusto López Hernández destacó la sensibilidad del secretario de Hacienda para con las necesidades de la entidad y adelantó que la edificación de las nuevas instalaciones deportivas, podrían estar arrancando a más tardar, durante el mes de enero próximo.

El jefe del Ejecutivo reconoció en Herrera Gutiérrez a un “aliado de Tabasco”, a quien ofreció un panorama sobre las obras que el Gobierno del Estado está ejecutando como el distribuidor vial de Universidad y otras que están por iniciar, como el distribuidor vial de Guayabal, cuya licitación, anticipó, ya está en trámites.

En la ceremonia efectuada en el salón “José Gorostiza” de Palacio de Gobierno, a la que acudió la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, explicó que el convenio propiciará herramientas para obtener pruebas sólidas y argumentos convincentes que permitan enfrentar los procesos penales contra los evasores y la corrupción fiscal.

Indicó que este mecanismo llega en un momento clave en la lucha contra uno de los males que más aflige al país, la evasión fiscal y tiene como objeto regresarle a la gente de Tabasco lo que los criminales le han quitado.

Romero Aranda advirtió que con la Reforma Penal Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 08 de noviembre, los grupos de tres o más personas que se propongan vender o utilizar facturas falsas u otros esquemas de defraudación, van encontrarse con un tratamiento que tiene una magnitud proporcional al daño que causan: un proceso penal decisivo por delincuencia organizada.

“Aquéllos que decidieron comprar facturas, o simular subcontrataciones con outsourcing también serán perseguidos; si no regularizan su situación fiscal, tendrán que ser llevados a juicio también. Esto no se limita a las personas físicas que cometieron los delitos, también serán penadas las empresas con sanciones que van desde multas y decomisos de bienes, hasta la disolución y liquidación”, concluyó.