Nacionales
Gobierno afirma que garantizará abasto de medicina contra el cáncer
Autoridades federales de salud garantizaron este jueves el abasto de medicamentos oncológicos para lo que resta de 2023 y 2024, fármacos de los que han carecido especialmente los pacientes pediátricos.
La Secretaría de Salud informó en un comunicado que, tras una reunión con familias con niños con cáncer, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Juan Antonio Ferrer Aguilar, anunció que gracias a la planificación anticipada garantizarán los medicamentos en los próximos dos años.
Asimismo, destacó que los estados del país se encargarán del suministro de medicamentos en lo que resta de 2023 y a partir del 1 de enero del 2024 será el IMSS-Bienestar, que suplanta al desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Inasi), quien dirigirá el proceso.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador nos instruyó a poner en marcha el modelo MAS-Bienestar, basado en los cuatros principios fundamentales que son: todos los médicos, que incluye médicos especialistas, todos los medicamentos y los análisis, mejor infraestructura y equipamiento, y la justicia social para los trabajadores”, aseveró Ferrer Aguilar.
Asimismo, dijo que el Gobierno federal trabaja para atender todas las enfermedades y ejemplificó que desde hace dos años y medio está el Programa de Eliminación de la Hepatitis C, con México como el único país de América que adquirió tratamiento para su eliminación y cura, y es gratuito en las unidades de salud.
José Enrique Pérez Olguín, representante de la Secretaría de Salud, afirmó que han cubierto la entrega del 100% de las claves oncológicas que han solicitado los hospitales públicos para el tratamiento infantil de cáncer, lo que equivale a casi ocho millones de piezas a la fecha.
Omar Enrique Hernández Ibarra, vocero del colectivo de madres y padres menores de edad con cáncer, reconoció que ya se han completado 2,500 tratamientos oncológicos en tiempo y forma.
Ferrer Aguilar adelantó que a partir del 15 de julio autoridades mexicanas y responsables de instituciones públicas se reunirán para elaborar el plan de compras para los años 2025 y 2026 y “dejarlo listo” para que, de ser así, lo haga suyo el próximo Gobierno.
La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 por los recortes presupuestarios y los cambios en la compra de medicinas, impuestos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.
Además, en 2020 la situación se complicó por el impacto de la pandemia de la covid-19, lo que desató protestas a nivel nacional y una de las mayores crisis políticas para el Gobierno.
Nacionales
Topo Chico evita juicio tras acuerdo con Hacienda por más de 2 mil 500 millones de pesos
La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.
Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.
Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.
El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.





