El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, está a punto de firmar un proyecto de ley que convertiría la entrada ilegal en Texas en un nuevo delito estatal, otorgando a las autoridades policiales la autoridad de detener y ordenar a los inmigrantes que abandonen Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Texas aprobó la SB3, asignando $1,500 millones para la construcción de un muro fronterizo, y la SB4, que concede a las fuerzas del orden el poder de detener y a los jueces la facultad de emitir órdenes de expulsión hacia México.

La SB4, aprobada sin enmiendas, espera la firma de Abbott, mientras que la SB3, que volvió al Senado con una enmienda, sigue en consideración. El costo estimado para los contribuyentes texanos por cada milla de muro fronterizo oscila entre $20 y $30 millones, generando un intenso debate entre los legisladores.

Estas leyes fueron presentadas en respuesta al continuo aumento de la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México, generando tensiones entre Abbott y el gobierno de Biden. Los demócratas de la Cámara de Representantes argumentan que la SB4 excede las competencias del gobierno federal y la comparan con la ley “enséñame tus papeles” de Arizona, que fue en gran parte rechazada por la Corte Suprema en 2012.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas condena las leyes como “unas de las más radicales antiinmigrantes”, amenazando con demandar si Abbott firma la SB4. Incluso algunos republicanos, como el senador estatal Brian Birdwell, expresan preocupaciones sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, argumentando que Texas está socavando la autoridad federal en asuntos de inmigración.