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La Internacional Villahermosa

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Funcionarios difundían fotos íntimas de mujeres indígenas en WhatsApp

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Un funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Oaxaca renunció a su cargo después de revelarse que presuntamente participaba en un grupo de WhatsApp en el que se compartían fotos íntimas de mujeres pertenecientes a comunidades mixes o ayuujk.

Sandra Domínguez Martínez, defensora de los derechos humanos de las mujeres, hizo la denuncia del grupo de WhatsApp conocido como ‘Sierra XXX’ a través de sus redes sociales.

“Cuidado, existe un grupo de chat de WhatsApp con más de 100 hombres que incluso laboran en dependencias federales y estatales. En este comparten fotos de mujeres sin su conocimiento, o bien las bajan de Facebook para hacer comentarios discriminatorios, machistas y vulgares”, escribió Domínguez Martínez.

En el grupo de WhatsApp presuntamente participaban un centenar de hombres, entre ellos, funcionarios públicos como Rolando Vásquez Pérez, jefe del departamento normativo del control de plazas del Instituto Nacional de los Pueblos Indíginas; Donato Vargas, excandidato a diputado local de la región Mixe y funcionario del INPI; y Juan Eliel Hernández, líder de grupos desplazados de la Sierra Norte.

De hecho, según Domínguez Martínez, ya había mostrado hacia ella “una actitud hostil, acosadora y amenazante”.

Domínguez Martínez explicó en una entrevista a El Universal que un conocido suyo la alertó de la existencia del grupo de WhatsApp, debido a que ahí fue compartida una foto de ella.

“La fotografía fue compartida en el chat, la pusieron de foto de perfil y le pusieron signo de pesos”, dijo a El Universal la defensora de derechos humanos.

La también jurista reprobó dichas prácticas que violentan la privacidad de las mujeres.

Además ella señala que, según uno de los integrantes del grupo, este existe con el propósito de compartir fotos íntimas, sobre todo de mujeres de comunidades mixes (ayiijk).

“Muchas otras mujeres también han sido exhibidas en este grupo, sin embargo, no se atreven a denunciar”, asegura ella.

La defensora de derechos humanos consiguió pruebas de la existencia del grupo, así como de la identidad de los administradores. Además cuenta con el testimonio de mujeres cuyas fotos fueron exhibidas ahí.

Fue otro funcionario del INPI, Donato Vargas, quien corroboró la información de Domínguez Martínez.

Por su parte, el ayuntamiento de Tamaulápam del Espíritu Santo emitió un comunicado, firmado por el presidente municipal Artemio Ortiz, en el que se asegura que Rolando Vásquez Pérez, originario de la comunidad, “se ha conducido con cordura, legalidad, honorabilidad y respeto”.

Mientras que el propio Vásquez Pérez abandonó su cargo público y compartió en su cuenta de Facebook un comunicado en el que asegura que siempre ha trabajado a favor de las mujeres y las niñas, y que no ha cometido actos que las denigren.

En otro comunicado, a nombre del INPI, se acepta la renuncia de de Rolando Vásquez y se señala que los hechos presuntamente cometidos por el exfuncionario “no representan la política institucional del INPI, cuya misión es velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano, y de manera especial, de la dignidad de las mujeres”.

Además, la institución se comprometió a “reforzar las acciones de sensibilización y capacitación a su personal para alcanzar el pleno respeto de los derechos de las mujeres, erradicando todo tipo de violencia de género”.

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Ticketmaster compensará con más de 3.4 mdp a 500 consumidores mexicanos por cancelación de boletos

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Ticketmaster compensará con más de 3.4 millones de pesos a casi 500 consumidores mexicanos debido a la cancelación de boletos de diversos eventos, tras una demanda colectiva interpuesta inicialmente por 434 consumidores ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La Profeco informó que se ha llegado a un acuerdo, aprobado por el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Guillermo Osorio Campos el 23 de abril, elevándolo a la categoría de cosa juzgada.

Según el convenio judicial, se resarce a los beneficiados con un monto total que supera los 3.4 millones de pesos.

En cuanto al pago, una parte de los consumidores recibirá el reembolso íntegro del costo del boleto más los cargos por servicio y una bonificación del 20 por ciento conforme a la ley. La otra parte afectada por la cancelación de eventos debido a la pandemia de COVID-19 recibirá únicamente el costo del boleto.

Además, Ticketmaster ha implementado una aplicación móvil llamada ‘App Ticketmaster MX’ con el fin de facilitar a los consumidores la compra y el uso de boletos de manera segura, con el objetivo de prevenir falsificaciones, duplicidades y reventas de boletos.

La Profeco destacó que esta acción colectiva es inédita en el servicio de entretenimiento y reconoció la disposición de Ticketmaster para conciliar y convenir en beneficio de los consumidores, así como su inversión en mejorar el servicio de comercialización de boletos para brindar seguridad y certeza jurídica en las relaciones de consumo.

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