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Fiscalía de la Ciudad de México niega solicitar traslado de Uriel Carmona al Altiplano

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Fiscalía de la Ciudad de México niega solicitar traslado de Uriel Carmona al Altiplano

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) ha desmentido haber solicitado o ordenado el traslado de Uriel Carmona Gándara, fiscal de justicia de Morelos, al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Ulises Lara López, el vocero de la fiscalía capitalina, enfatizó que no se había pedido ni ordenado la reubicación de Carmona. Aclaró que la fiscalía solo brindó apoyo en el traslado, proporcionando personal y vehículos de la policía de investigación, ya que se les solicitó hacerlo en cumplimiento con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales Federales.

La noche anterior, Uriel Carmona fue trasladado al penal federal, y previamente había promovido un amparo ante posibles actos de incomunicación y desaparición forzada. Este amparo se presentó como respuesta a la nueva orden de aprehensión en su contra.

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Topo Chico evita juicio tras acuerdo con Hacienda por más de 2 mil 500 millones de pesos

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Fiscalía de la Ciudad de México niega solicitar traslado de Uriel Carmona al Altiplano

La embotelladora Topo Chico S. de R.L. de C.V., filial de Arca Continental e integrante del sistema de The Coca-Cola Company, concluyó un procedimiento penal por presunta defraudación fiscal luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual realizó un pago superior a 2 mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con la información disponible, el convenio fue validado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). Este mecanismo permitió dar por concluido el proceso penal sin que el caso llegara a juicio.

Como parte del acuerdo, la empresa cubrió un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, monto con el que quedó reparado el daño reclamado por la autoridad fiscal y solventado el adeudo derivado de la investigación.

Las autoridades señalaron que este tipo de mecanismos están contemplados en la legislación mexicana para resolver determinados procedimientos penales mediante la reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este caso, el cumplimiento del acuerdo permitió extinguir la acción penal relacionada con la presunta defraudación fiscal.

El caso se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno federal para reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recuperar recursos para la hacienda pública y promover mecanismos legales que faciliten la resolución de controversias fiscales.

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