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FGR procede contra policía federal acusado de torturar a Sidronio Casarrubias

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La Fiscalía General de la República (FGR) procedió contra el policía Federal Ministerial, Gabriel Valle Campos, contra quien hay señalamientos por presuntamente torturar al líder del grupo criminal de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, “El Chino”, quien también aseguró que lo violó.

Sidronio era líder de la organización delictiva, y se dijo que él dio la orden a su jefe de sicarios, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, de atacar a los normalistas de Ayotzinapa, cuando los estudiantes llegaron a la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, incidente que derivó en la desaparición de 43 jóvenes.

La FGR no había dado a conocer que judicializó una carpeta de investigación contra Gabriel Valle y que un juez federal le dictó auto de formal prisión el 10 de julio de 2020 por los delitos de tortura y abuso de autoridad contra dos víctimas, y contra la administración de justicia.

El agente de la FGR interpuso un recurso de revisión, porque un juez de amparo le negó la protección de la justicia contra el auto de formal prisión. Ahora, un Tribunal Colegiado acaba de confirmar el fallo.

En el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México consideró que hay elementos que apuntan a que entre las 19:00 y 20:00 horas del 15 de octubre al 16 del mismo mes de 2014, se detuvo a las víctimas en el restaurant Fogón do Brasil, en la carretera Toluca-México, municipio de Ocoyoacac, y de ahí fueron traslados a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el Caso Iguala, se menciona que Sidronio Casarrubias declaró que el 15 de octubre de 2014, a las 21:00 horas, comía con otras personas en el restaurante Fogon Do Brasil cuando varios agentes que no se identificaron, entraron armados, lo golpearon, lo sacaron del lugar y lo subieron a una camioneta de la entonces Procuraduría General de la República, junto con otras personas.

“…lo llevaron a un edificio, al parecer de la PGR, donde lo tiraron boca abajo y lo patearon; después, sentado le pusieron una bolsa de plástico atada en la cabeza, le introdujeron líquido en la bolsa, produciéndole asfixia y que quedara en estado de inconsciencia, lo cual realizaron nuevamente, lapso en el que lo sodomizaron vía anal, y al recobrar el conocimiento supo que lo acusaban de formar parte del grupo delictivo Guerreros Unidos…”, señala la recomendación.

El Tribunal Federal, que ratificó la negativa de amparo, determinó que la jueza que dictó el auto de formal prisión basó su resolución en las reglas de valoración de la prueba establecidas en el Código Federal de Procedimientos Penales, vigente en la época de los hechos.

En el 2016, la agencia de noticias Associated Press documentó diez casos de presunta tortura contra detenidos por la desaparición de los normalistas, testimonios que fueron recabados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En el que destacaba el de Sidronio Casarrubias, quien manifestó: “El señor aquí presente fue uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plástico, que además me violó con una pieza metálica, dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia al investigador Gabriel Valle Campos”, según los documentos de AP.

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ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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