Nacionales
Familias de desaparecidos exigen respuestas en una marcha nacional
Miles de familiares de personas desaparecidas marcharon el 30 de agosto en diversas ciudades de México, conmemorando el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma fue escenario de una protesta simbólica, con ropa de las víctimas formando la pregunta “¿Dónde están?”, junto al Ángel de la Independencia. La protesta incluyó actividades culturales y una petición formal a Claudia Sheinbaum, presidenta electa, para que aborde la problemática.
En Guadalajara, madres de desaparecidos marcharon por la avenida Chapultepec exigiendo celeridad en las investigaciones, mientras que en Puebla, otro grupo de madres se manifestó frente a la Fiscalía General del Estado, pidiendo resultados concretos en las investigaciones. Estas manifestaciones se replicaron en ciudades como Oaxaca y Pachuca, entre otras.
La organización Data Cívica publicó un informe destacando que desde 2006, las desapariciones en México han aumentado alarmantemente, coincidiendo con la llamada Guerra contra las Drogas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta julio de 2024 se habían reportado más de 324,000 desapariciones desde 1952, con casi 116,000 personas aún no localizadas. Las cifras son más altas en entidades como Tamaulipas, Colima y Sinaloa.
La crisis de desaparecidos en México sigue siendo un tema crítico, con familias y colectivos reclamando acciones concretas por parte del gobierno. En la marcha, las consignas como “¿Dónde están nuestros hijos?” resonaron, reflejando el dolor y la desesperación de miles de familias que continúan buscando respuestas y justicia para sus seres queridos.
Nacionales
ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.
De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.
Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.
Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.






