Un grupo de expertos de la ONU lanzó duras acusaciones contra el gobierno de Nicaragua, señalando un preocupante aumento en las violaciones de los derechos humanos en el último año, al presentar este jueves (29.02.2024) un informe que insta a reforzar las sanciones internacionales contra Managua. Según el informe, la intensa represión ejercida por el Gobierno de Daniel Ortega y su entorno ha logrado prácticamente silenciar todas las voces opositoras o críticas dentro del país.

El reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua denuncia que el gobierno de Ortega lleva a cabo “abusos y crímenes” con el fin de “eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”. El objetivo es evitar el surgimiento de cualquier iniciativa destinada a movilizar a la ciudadanía. “La persecución de personas opositoras o percibidas como tales se ha vuelto más sutil”, afirma el informe, que será presentado también al Consejo de Derechos Humanos.

“El presidente Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional”, afirmó el presidente del grupo, Jan Simon. Se enfatizó que el crimen radica en perseguir a su propio pueblo, afectando principalmente a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas.

El informe del grupo, creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2022 y prorrogado posteriormente, señala que la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, afectando a nicaragüenses privados de su nacionalidad y documentos oficiales, negándoles apoyo consular y la reunificación familiar. Además, los familiares de las víctimas del retiro de la nacionalidad y del exilio forzoso son perseguidos dentro del país, incluyendo a los niños.

“Los niños y niñas han sido afectados debido a la relación con sus padres o familiares, así como por las actividades u opiniones expresadas por estos. Las deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han separado a muchos niños de sus padres”, señaló la experta Ángela Buitrago, miembro del Grupo de Expertos. Incluso se ha negado la expedición de pasaportes a algunos niños para viajar y reunirse con sus padres en el extranjero.

Por otra parte, el informe denuncia que Ortega y su esposa han consolidado el control total de los poderes e instituciones, especialmente del poder judicial. “La centralización del poder garantiza la impunidad de los perpetradores y socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas. El gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder y aniquilar a cualquiera que intente romper esa burbuja”, afirmó la experta Ariela Peralta.

Como respuesta, el Grupo insta a los países a ampliar las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos en Nicaragua, como lo ha hecho recientemente Estados Unidos, como “una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla”.